Una severa controversia procesal, acusaciones de impunidad institucional y un complejo gallito jurídico entre la Fiscalía Local y el bloque de abogados querellantes sacude los cimientos del Gobierno Regional (GORE) de Magallanes. Durante la mañana de este jueves 25 de junio de 2026, el destacado abogado penalista Juan Srdanovic Arcos denunció públicamente que el Ministerio Público procedió al cierre sorpresivo de la querella criminal dirigida en contra del gobernador regional, Jorge Flies Añón.

La acción judicial de fondo —interpuesta en representación del dirigente Alejandro Avendaño— persigue las presuntas responsabilidades penales de la máxima autoridad de la corporación autónoma en el bullado caso de la millonaria compra de un inmueble destinado a las oficinas del servicio "Mejor Niñez". La propiedad fue adquirida directamente al juez tributario Jorge Vera, un negocio que en su momento ya fue blanco de lapidarios informes de reparos emitidos por la Contraloría General de la República debido a presuntas e importantes irregularidades de tasación y faltas a la probidad administrativa.

Las 22 diligencias denegadas y la arista por "desviación de poder"

El malestar del abogado Srdanovic estalló tras notificarse la resolución fiscal que ponía fin a la tramitación de la querella particular. Según el jurista, el organismo persecutor clausuró el expediente sin ejecutar ninguna de las 22 diligencias científicas, contables y de toma de declaraciones que habían sido expresamente incorporadas en el libelo acusatorio, dejando trunca la recolección de pruebas de su parte.

Srdanovic enfatizó con especial preocupación la gravedad de lo que califica como una segunda arista criminal oculta del caso, centrada en el presunto fraude al fisco y uso indebido de recursos públicos:

La Denuncia del Querellante: “Estamos frente a un delito grave de desviación de poder que hoy día, lamentablemente, quedó en la total impunidad debido a que el Ministerio Público cerró la causa de manera unilateral y no dio lugar a ninguna de las 22 diligencias solicitadas. Estamos hablando del uso indebido de recursos fiscales y del despliegue de los propios abogados contratados por el Consejo Regional (CORE) para tramitar y patrocinar acciones judiciales de carácter estrictamente personal en favor del gobernador Jorge Flies”, fustigó Srdanovic, confirmando que ya ingresó recursos ante la Fiscalía Regional y el Juzgado de Garantía de Punta Arenas solicitando la reapertura forzosa de la investigación.

Fiscalía sale al paso: "Las diligencias se están trabajando en la causa principal"

Frente a la fuerte arremetida mediática del bloque querellante, el Ministerio Público rompió el silencio para salir al paso de las acusaciones y despejar las dudas sobre una supuesta impunidad. La fiscal jefa de Punta Arenas a cargo del caso, Johana Irribarra, aclaró de forma tajante e inflexible la posición técnica adoptada por el órgano persecutor.

La fiscal de la causa confirmó que la institución recepcionó formalmente la querella por la transacción inmobiliaria, pero precisó que esos mismos antecedentes ya estaban siendo investigados bajo un carácter de estricta reserva por la Unidad de Alta Complejidad del Ministerio Público desde el año 2025. Al explicar el motivo técnico detrás del supuesto "cierre", Irribarra desmitificó la tesis de la defensa:

El Dictamen de la Fiscalía: “Lo que se decidió administrativamente fue agrupar la nueva querella a la causa penal que ya se encuentra vigente desde el año pasado, ya que se trata exactamente de los mismos hechos delictuales. Respecto al rechazo de las 22 diligencias solicitadas por el querellante, aclaramos que no se dio lugar a las mismas en este expediente secundario porque estas diligencias ya han sido trabajadas y se están trabajando activamente en este preciso momento en la causa principal y nodriza a la que se agrupó la querella”, sentenció la fiscal jefa Irribarra, enfatizando que no se descarta ninguna línea investigativa y que las pericias se mantendrán bajo estricto secreto procesal.