Un complejo conflicto administrativo de ribetes gremiales, con acusaciones de precarización del servicio e inminentes impactos en los tiempos de espera en las salas de los Centros de Salud Familiar (CESFAM) sacude el tejido de la salud comunal en el extremo sur. El Consejo Regional Magallanes del Colegio de Matronas y Matrones de Chile se declaró en estado de alerta tras denunciar una resolución de la Corporación Municipal de Punta Arenas (CORMUPA) que les impide prescribir medicamentos en la APS, hito de movilización gremial fechado en la víspera, el jueves 25 de junio de 2026.

La directiva gremial catalogó la instrucción interna emanada por el estamento municipal como una "interpretación administrativa ciega" que vulnera de forma flagrante las atribuciones del Código Sanitario chileno y rompe una práctica clínica establecida por décadas en la zona austral.

El golpe a los programas de fertilidad y control prenatal

Según el libelo público liberado por el colegio profesional, la prohibición de firmar recetas e indicar fármacos dinamita la capacidad resolutiva que históricamente han tenido las matronas en los mesones de atención primaria, donde resuelven la gran mayoría de las consultas de las usuarias sin requerir el visado de un médico general.

El gremio detalló que la medida paraliza y traba la fluidez de prestaciones críticas en el ciclo de vida de la población femenina, entre las que destacan:

• Controles prenatales y seguimiento a embarazadas.

• Programas de regulación de la fertilidad y entrega de anticonceptivos.

• Tratamientos clínicos para el periodo del climaterio y menopausia.

• Manejo, contención y farmacología frente a Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Las 5 consecuencias críticas advertidas por el gremio

El Colegio de Matronas y Matrones fue categórico en enumerar el listado de perjuicios y "cuellos de botella" que la resolución de la CORMUPA inyectará de forma inmediata al ya estresado sistema de los consultorios de Punta Arenas:

La Radiografía del Impacto:

1. Retraso severo en el acceso de las mujeres y parejas a tratamientos oportunos.

2. Aumento explosivo de derivaciones innecesarias a médicos, colapsando y sobrecargando las de por sí escasas horas disponibles en la APS.

3. Suspensión o postergación indefinida de prestaciones y programas esenciales de salud sexual y reproductiva.

4. Deterioro en la continuidad asistencial y una drástica pérdida de la capacidad resolutiva de los CESFAM.

5. Vulneración del derecho constitucional de las personas a recibir una atención de salud integral, digna y oportuna.

Frente a este adverso panorama, el Consejo Regional de la orden confirmó que ya han sostenido reuniones de contingencia al más alto nivel con la SEREMI de Salud de Magallanes, la dirección del Servicio de Salud y las jefaturas de las áreas técnicas con el fin de buscar un mecanismo legal que revierta el dictamen de la corporación.

El gremio cerró su manifiesto llamando a las autoridades municipales a revisar con carácter de urgencia la resolución, priorizando el bienestar biológico de las usuarias por sobre los criterios burocráticos particulares, advirtiendo que no descartan escalar sus acciones de presión si la medida no es revocada en el corto plazo.