Una de las causas por presunta corrupción política y malversación de caudales públicos más complejas del último tiempo entra en su tierra derecha procesal, amenazando la continuidad de una alta magistratura de la República. La Fiscalía Local ingresó la acusación definitiva en contra del senador independiente Miguel Ángel Calisto Águila, solicitando una pena drástica de 12 años de presidio mayor en su grado medio como presunto autor de delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones.

El requerimiento del Ministerio Público —que sitúa la causa ad portas de la audiencia de preparación de juicio oral— incluye en el banquillo de los acusados a otras siete personas que habrían formado parte de la red de desvío de asignaciones parlamentarias. El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky Moscovich, confirmó que se consolidó una robusta y extensa batería de evidencias documentales, peritajes contables a cuentas bancarias y tráficos telefónicos para sostener los cargos: "Esta prueba pericial y testimonial permitirá acreditar con certeza científica ante el tribunal oral cada uno de los hechos criminales que se imputan a los acusados", aseguró el persecutor penal.

El modus operandi: "Asesorías fantasmas y una caja pagadora"

La tesis de la Fiscalía sostiene que el parlamentario (quien actualmente integra el comité de Evópoli en la Cámara Alta) estructuró un esquema sistemático de defraudación entre los años 2018 y 2022, periodo en el cual se desempeñaba como diputado por la zona. Para la consecución del delito, Calisto se habría concertado de forma directa con los imputados Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo con el objetivo de extraer millonarias sumas desde las arcas del Congreso Nacional.

El mecanismo operaba mediante contratos de asesorías profesionales que, según la indagatoria del Ministerio Público, eran "meramente ficticios" o inexistentes:

“La acusada Carla Graf nunca realizó asesorías legislativas reales ni estudios técnicos para el entonces diputado Calisto. Sus contratos visados por el Parlamento eran un mero mecanismo instrumental para la obtención irregular de fondos fiscales. Posteriormente, una parte importante de los honorarios pagados por el Congreso a Graf eran transferidos de vuelta a las cuentas corrientes de Miguel Ángel Calisto y de Roland Cárcamo para su beneficio y enriquecimiento personal. En otras palabras, estamos frente a asesorías fantasmas que funcionaban como una caja pagadora de la política”, resumió de forma tajante el fiscal regional Hernán Libedinsky.

Atendida la reiteración de los fraudes y que el monto central de la maniobra delictiva supera con creces los $100 millones de pesos, el Ministerio Público asignó a la acusación características y penalidades de crimen.

Solicitud de desafuero forzoso ante la Corte de Apelaciones

Dado que Miguel Ángel Calisto goza actualmente de fuero parlamentario en su calidad de senador en ejercicio, el Ministerio Público no puede sentarlo de forma directa en el banquillo de un tribunal oral sin un pronunciamiento previo de los tribunales de alzada.

Por tal motivo, la Fiscalía activó el resorte constitucional correspondiente para levantar la inmunidad del legislador:

“Paralelamente a la presentación material de la acusación, se ha requerido formalmente a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique la declaración de desafuero del referido Senador, para que dicho tribunal resuelva a la brevedad que existe mérito judicial suficiente para declarar admisibles los capítulos de la acusación y proceder al juicio”, detalló la fiscalía.

Cautelares vigentes y las aristas complementarias de la causa

Este bullado caso político ya había registrado movimientos procesales determinantes durante el primer semestre de este 2026. En mayo pasado, el Juzgado de Garantía de Coyhaique acogió los argumentos de la fiscalía y decretó en contra de Calisto las medidas cautelares de arraigo nacional obligatorio y la prohibición absoluta de comunicarse con sus coimputados, Cárcamo y Graf.

En dicha audiencia de reformalización, el ente persecutor reajustó los montos del perjuicio económico provocado al Estado chileno, elevando la cifra del mecanismo de asesorías desde los $103 millones originales hasta un total neto de $105.554.697.

A este millonario desfalco se sumó la decisión estratégica del Ministerio Público de agrupar al expediente principal otras investigaciones satélites vinculadas a presuntos fraudes al Fisco asociados a la asignación de proyectos específicos en la Región de Aysén, arista complementaria que involucra el presunto desvío de más de $32 millones de pesos adicionales. Con el libelo acusatorio ya visado en el tribunal, la causa entra en su recta definitiva, donde se resolverá el destino penal del senador independiente.