El rediseño de los programas de control penal de medio libre administrados por corporaciones acreditadas, el blindaje de la infraestructura carcelaria infantojuvenil mediante la ejecución de presupuestos de emergencia y la consolidación de un nuevo estamento de profesionales de la psicología y la reinserción marcan la pauta de la seguridad pública del país. El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil presentó su primera Cuenta Pública Participativa de carácter nacional, hito de transparencia y gestión institucional analizado en las comisiones de justicia este lunes 6 de julio de 2026.
El balance expuesto por la jefatura del servicio da cuenta de la marcha de la nueva institucionalidad especializada, llamada a sustituir las antiguas orgánicas del Sename bajo estándares internacionales de derechos humanos, rigurosidad técnica y control de la reincidencia delictual.
Los datos consolidados con corte al 30 de abril de 2026 revelan un incremento sostenido en las derivaciones de los Tribunales de Garantía hacia el sistema de control del servicio. El organismo atiende actualmente a una masa crítica de 6.734 jóvenes vigentes que cumplen diversas medidas cautelares o sanciones definitivas, lo que representa un aumento del 11% en comparación con el mismo periodo de corte del año 2025.
El análisis de la distribución penal arroja que la inmensa mayoría de los infractores de ley no se encuentra bajo regímenes de encierro tradicional:
???? Medio Libre: Casi el 80% de la población total cumple sus sanciones en programas de medio libre (como libertad asistida o servicios en beneficio de la comunidad), los cuales son ejecutados en terreno por organismos y fundaciones privadas debidamente acreditadas.
????? Expansión de Personal: Para absorber este flujo, el servicio vivió una reestructuración interna sin precedentes, pasando de una dotación inicial y simbólica de 19 funcionarios en diciembre de 2023 a un cuerpo especializado de 2.884 trabajadores en abril de 2026.
???? Rigor Presupuestario: El crecimiento operativo estuvo respaldado por una alta eficiencia de caja, logrando ejecutar el 98,7% de la totalidad de su presupuesto fiscal asignado durante el año 2025.
En el ámbito de la población que cumple penas privativas de libertad o internaciones provisorias complejas, el servicio activó un plan de shock para mejorar las habitabilidades, perímetros de seguridad y talleres de los recintos de administración directa.
La institución ejecutó un total de $7.119 millones de pesos (M$7.119) destinados al financiamiento de 32 iniciativas de urgencia en infraestructura a lo largo del país. Paralelamente, los equipos de ingeniería diseñaron el Plan Nacional de Infraestructura, una ambiciosa carta de navegación que proyecta un total de 160 intervenciones estructurales y de ampliación con un horizonte de ejecución fijado hasta el año 2028.