En el marco del fortalecimiento estratégico de los planes de fiscalización y con el objetivo de brindar mayores condiciones de seguridad a la comunidad, detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), desplegaron un operativo de control conjunto con personal de la Policía Marítima de la Armada de Chile. La intervención se focalizó en dos nudos logísticos e industriales clave para la actividad económica de la zona austral: Punta Arenas y Puerto Williams.
Las acciones policiales se desarrollaron de manera simultánea en el sector de Barranco Amarillo, en la capital magallánica, y en las dependencias del terminal pesquero de Puerto Williams, en la isla Navarino. El propósito central de este despliegue interagencial fue fiscalizar la permanencia y las condiciones contractuales de ciudadanos extranjeros que operan en las flotas e industrias extractivas, detectar eventuales infracciones a la Ley de Migración y Extranjería, y verificar si alguno de los fiscalizados mantenía requerimientos de Interpol u órdenes judiciales de detención pendientes.
Tras el término de los controles en los muelles y rampas de atraque, el balance general arrojó un panorama de alta regularidad y cumplimiento de la normativa vigente entre los trabajadores del sector pesquero artesanal e industrial, a excepción de una infracción puntual que fue tramitada ante la autoridad civil.
Al respecto, el comisario Leonardo Alegría, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Punta Arenas, entregó los detalles del balance logístico:
“La mayoría de las personas extranjeras que fueron fiscalizadas en los terminales pesqueros de ambas ciudades se encontraban de manera regular en el país. Sin embargo, un hombre de nacionalidad extranjera fue denunciado formalmente ante el Servicio Nacional de Migraciones tras ser sorprendido realizando labores remuneradas sin contar con el visado o la autorización correspondiente para trabajar”.
Desde la Jefatura Nacional de Migraciones de la PDI informaron que este tipo de controles cruzados e interinstitucionales —que combinan las facultades de la policía civil con el control jurisdiccional de la autoridad marítima— continuarán desarrollándose de forma permanente y sorpresiva en las distintas comunas de la Región de Magallanes.
La estrategia busca desincentivar la contratación informal en las faenas de la pesca y el comercio, resguardando la seguridad soberana de la población local, además de proteger los derechos laborales y la integridad de los propios ciudadanos migrantes que ejercen sus actividades económicas bajo el amparo de la legislación chilena.