Un adverso balance respecto a los impactos provocados por el masivo sistema frontal que azota al país entregó el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid). El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, junto al subsecretario Máximo Pavez, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, y la ministra de Energía, Ximena Rincón, consolidaron los datos oficiales que dan cuenta de la magnitud del evento meteorológico y las primeras estimaciones financieras de la destrucción.

El reporte oficial confirmó que la cifra de fallecidos a nivel nacional aumentó a cinco personas, luego de que los equipos de rescate localizaran en la comuna de Curepto (Región del Maule) el cuerpo sin vida de un trabajador de la empresa eléctrica CGE. El operario se encontraba desaparecido desde la jornada previa mientras desempeñaba labores críticas de reposición del suministro y entrega de equipamiento de respaldo para pacientes electrodependientes de la zona rural. Desde Senapred extendieron las condolencias públicas a la familia y a la compañía afectada.

Catastro dinámico de damnificados y conectividad vial

El desglose de afectación a las personas y la infraestructura habitacional expone la severidad de las precipitaciones y desbordes en distintas zonas del territorio nacional:

• Afectación humana: Además de los 5 fallecidos, se registran 5 personas lesionadas, 1.950 damnificados (concentrados con mayor fuerza en Valparaíso, La Araucanía y Biobío) y 1.091 albergados, en su mayoría residentes de la Región Metropolitana.

• Aislamiento crítico: La cifra más compleja radica en las 33.246 personas que permanecen aisladas, situación focalizada casi en su totalidad en los sectores precordilleranos y rurales de las regiones de Atacama y Coquimbo.

• Infraestructura residencial: Los comités locales reportan hasta el momento 34 viviendas destruidas, 1.087 con daño mayor, 14.447 con daño menor y otras 1.429 cuyos daños estructurales se encuentran bajo evaluación técnica.

La dirección de Senapred enfatizó el carácter dinámico de estas métricas, precisando que las cifras continuarán modificándose a medida que las cuadrillas municipales logren sortear los cortes de ruta y accedan a las localidades interiores que permanecen incomunicadas.

Defensa de la planificación estatal y pérdidas millonarias

Frente a los cuestionamientos por la respuesta ante la emergencia, el subsecretario Máximo Pavez descartó de forma tajante cualquier tipo de improvisación por parte del Ejecutivo. La autoridad sostuvo que el Estado implementó planificaciones preventivas desde hace meses junto a la red del Sistema de Prevención de Riesgos y Desastres. Pavez argumentó que la existencia de una alarma por lluvias anómalas e históricas genera impactos inevitables en los territorios, pero recalcó que la capacidad de respuesta de Bomberos, Carabineros y personal de las empresas sanitarias y eléctricas ha operado de forma oportuna para resguardar las vidas humanas.

Por otra parte, los primeros balances sectoriales en vivienda, agricultura, redes eléctricas y servicios básicos ya le ponen precio a la catástrofe. Estimaciones iniciales del área de Campos Agrícolas cifran los perjuicios económicos en alrededor de US$ 150 millones, monto preliminar que tenderá al alza conforme bajen los caudales y se realicen las inspecciones prediales.

Los principales impactos en el agro se concentran entre las regiones de O'Higgins y La Araucanía, zonas con amplias extensiones de frutales, cultivos anuales y ganadería que sufren por la saturación de suelos, anegamiento de campos, destrucción de sistemas de regadío, cercos y bodegas. En tanto, las constructoras y consultoras inmobiliarias advierten que los mayores costos en infraestructura pública (puentes y colectores de aguas lluvias) e inundación urbana se focalizan fuertemente en los sectores residenciales contiguos a cauces y quebradas entre las regiones de Coquimbo y Biobío.