En una votación calificada como histórica y sin antecedentes dentro de la Unión Europea (UE), el Parlamento de Francia aprobó de forma definitiva la ley que prohíbe el acceso y uso de redes sociales a menores de 15 años.
La norma consolidó un amplio respaldo político en ambas instancias legislativas: la Cámara Alta la ratificó con 243 votos a favor y solo dos en contra, mientras que la Asamblea Nacional otorgó el visto bueno definitivo con 279 sufragios afirmativos frente a 81 votos en contra.
Con esta resolución, Francia se suma a la tendencia global impulsada por naciones como Australia y el Reino Unido, las cuales han comenzado a aplicar fuertes torniquetes regulatorios para mitigar los efectos perjudiciales que el uso intensivo de pantallas genera sobre la salud mental y la seguridad de la infancia.
El Presidente francés, Emmanuel Macron, destacó el resultado legislativo a través de un mensaje público en sus plataformas digitales, situando la protección infantil como uno de los pilares de la recta final de su segundo mandato, el cual culmina en mayo de 2027:
“Francia abre el camino en Europa para proteger a nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante. Me comprometí a ello y ahora ya está aprobado: las redes sociales estarán prohibidas para los menores de 15 años desde el inicio del curso escolar”, manifestó el Mandatario.
Por su parte, la ministra delegada del Sector Digital, Anne Le Hénanff, sintetizó el alcance práctico del articulado: “Si tienes menos de 15 años, se te cerrará la cuenta”.
El plan de aplicación progresiva contempla dos etapas clave de fiscalización:
1 de septiembre de 2026: Bloqueo inmediato para la creación de nuevas cuentas por parte de usuarios menores de 15 años, coincidiendo con el inicio del año escolar europeo.
Enero de 2027: Inhabilitación y cierre definitivo de las cuentas que hayan sido creadas con anterioridad a la promulgación de la ley.
La legislación traslada directamente a las plataformas tecnológicas la responsabilidad legal y operativa de validar la edad de los usuarios mediante herramientas de verificación digital en desarrollo.
La normativa excluye explícitamente de la restricción a las enciclopedias en línea (como Wikipedia), así como a las plataformas de desarrollo y distribución de software libre o proyectos educativos de código abierto.