Luego de que el Congreso Nacional despachara a tercer trámite constitucional el proyecto de ley del Plan para la Reconstrucción Nacional, la industria salmonicultora de la Región de Magallanes evaluó positivamente la inclusión de indicaciones técnicas que benefician la gestión sanitaria del sector.

La gerenta general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Francisca Rojas, valoró la incorporación de normas relativas a las micro-relocalizaciones de concesiones acuícolas, precisando que estas permitirán optimizar los parámetros ambientales y la salud de los peces sin requerir nuevas intervenciones de reevaluación por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Optimización ambiental sin incremento de mano de obra

No obstante, desde el gremio aclararon que estas modificaciones normativas no se traducirán en la creación de nuevos puestos de trabajo en la zona austral.

Rojas explicó que las micro-relocalizaciones consisten en un desplazamiento geométrico de las concesiones respecto a su ubicación original para buscar mayores profundidades, mejor oxigenación y mayor corriente, pero sin modificar la biomasa autorizada.

“Lo que vas a optimizar es las mejoras medioambientales respecto de la ubicación de tu concesión y eso, obviamente, impacta en la sanidad animal, en la salud de tus peces, lo que te permite optimizar costos y mejorar también la relación con el medio ambiente”, puntualizó.

Ocho años de tramitación en la Conadi por Ley Lafkenche

Por otra parte, la dirigente gremial expuso la inquietud del sector productivo ante la paralización de inversiones provocada por la burocracia estatal, apuntando a los retrasos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

Actualmente, la solicitud del Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) Kawésqar - Última Esperanza —que abarca más de 270.000 hectáreas— mantiene congeladas más de 50 solicitudes de concesión al amparo de la Ley Lafkenche.

Rojas enfatizó la urgencia de que el Nivel Central refuerce la capacidad técnica del organismo para destrabar los expedientes:

“Nosotros lo que estamos esperando y lo que hemos conversado con el Gobierno es que se pueda apoyar a Conadi a nivel central para que puedan realizar estos informes de uso consuetudinario que la ley les mandata hacerlos en 6 meses. Nosotros ya llevamos en este caso 8 años esperando”.

Mira la nota completa acá: