El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima en contra del exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, tras ser formalizado por el delito de violación de mayor de 14 años. La resolución se adoptó luego de que la magistrada estimara que los antecedentes médicos presentados en esta etapa procesal no logran sustentar fehacientemente la existencia del ilícito.

El caso se originó a partir de un procedimiento policial de Carabineros en el domicilio de la exautoridad, ubicado en el sector Canal Nuevo, situación que motivó de manera inmediata la solicitud de renuncia al cargo por parte del Ministerio de Salud. Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso la denuncia interpuesta por un hombre que se desempeñaba como escort, quien relató haber viajado desde Santiago tras pactar servicios de carácter sexual por un monto de 50 mil pesos diarios. Según el denunciante, habría consumido fármacos proporcionados por el imputado, despertando posteriormente con lesiones y signos de sangrado que lo llevaron a presumir una agresión en estado de inconsciencia.

Peritajes médicos y argumentos de la defensa

Pese a los cargos comunicados por el ente persecutor, los informes elaborados por el Servicio Médico Legal y las evaluaciones clínicas practicadas en el Hospital Regional de Magallanes descartaron la presencia de lesiones físicas en la zona perianal de la víctima, antecedente clave por el cual el tribunal desestimó la solicitud fiscal de imponer arresto domiciliario nocturno.

La fiscala Johanna Irribarra detalló las diligencias pendientes y el sustento de la formalización:

"Por una cuestión del principio de objetividad debíamos formalizar la investigación hoy por el delito de violación. El tribunal no compartió la medida cautelar de arresto nocturno, ya que con los antecedentes del día de hoy existen versiones contrapuestas entre lo que señala la víctima y el imputado. Sin embargo, faltan múltiples peritajes por resolver, como los exámenes toxicológicos y de fluidos corporales, que serán determinantes para definir las próximas decisiones procesales o una eventual reformalización".

Por su parte, el abogado defensor, Juan Carlos Rebolledo, rechazó categóricamente la existencia de una conducta constitutiva de delito y atribuyó el conflicto a un desacuerdo de índole económico: "Los informes de cuatro facultativos son concordantes en que no existen hallazgos de agresión sexual. Hemos sostenido desde el primer momento que no hay delito alguno".

En la misma línea, el entorno familiar del imputado manifestó su postura frente al impacto mediático y político que ha generado el caso en la región austral, cuestionando la intervención pública de actores legislativos locales durante el desarrollo de la indagatoria judicial.

El tribunal fijó un plazo de investigación de cuatro meses, periodo en el cual se aguardarán los resultados científicos definitivos que esclarecerán los hechos.

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