Una inédita contingencia tecnológica e institucional llevó a la Corte Suprema a convocar a un pleno extraordinario este martes, luego de que el sistema de tramitación de los juzgados civiles del país colapsara ante el ingreso automatizado de decenas de miles de escritos en tiempo récord.

La alerta fue elevada directamente a la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, mediante un urgente oficio redactado por el comité de jueces civiles. La crisis fue expuesta por la magistrada del Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, Rocío Pérez, tras un reporte emitido por el jefe del Sistema Informático de Tramitación de Causas Civiles (Sitci), Sebastián Ojeda.

La maniobra: 38 mil trámites mediante un bot informático

Según los antecedentes expuestos, la anomalía comenzó a registrarse el pasado sábado 25 de julio, cuando los monitores del sistema detectaron una actividad inusualmente masiva atribuida al abogado Paul Chateau. Para la mañana del lunes, el profesional había logrado ingresar 38.477 escritos en las plataformas de todos los tribunales civiles del país, generando una sobrecarga de entre 500 y 900 requerimientos por cada juzgado.

Al ser contactado por la central telefónica de la Oficina Judicial Virtual (OJV), el jurista explicó que había dejado de prestar servicios a una cartera masiva de clientes corporativos —entre ellos Banco Santander, Caja Los Andes, CAT Cencosud y Cementerio Los Parques—, por lo que debía presentar renuncias de patrocinio y solicitudes de desarchivo en miles de causas.

Para evitar la tramitación manual de cada causa, Chateau admitió haber utilizado un software o "robot" informático externo, el cual inyectó los miles de requerimientos en cuestión de horas.

Denuncia por "abuso procesal" y acciones legales

El comité de magistrados calificó el hecho como una vulneración grave al funcionamiento del Poder Judicial, advirtiendo que los tribunales no cuentan con los recursos técnicos ni humanos para procesar semejante volumen de tramitaciones simultáneas:

“Tal comportamiento da cuenta de un uso abusivo de las herramientas tecnológicas y, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 20.886, constituye derechamente ‘abuso procesal’”.

Ante la emergencia, la jefatura informática del Poder Judicial procedió al bloqueo preventivo de la dirección IP desde donde se ejecutaban los ingresos automatizados. Asimismo, los jueces civiles solicitaron a la Corte Suprema mantener la restricción de acceso al profesional, exigirle un informe detallado e iniciar acciones para indagar eventuales responsabilidades penales y sanciones disciplinarias.