En una extensa jornada procesal desarrollada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, Hugo Andrés Rival Meneses fue condenado por tres delitos consumados de estafa y, simultáneamente, enfrentó una nueva formalización de cargos por otros seis ilícitos de idéntica naturaleza, cuyos montos defraudados bordean los 10 millones de pesos.

En la primera etapa de la audiencia, la fiscal Johana Irribarra presentó un requerimiento de procedimiento simplificado por tres engaños perpetrados durante el año 2023. Luego de que el imputado admitiera de forma libre y expresa su responsabilidad en los hechos, la jueza Paula Stange dictó sentencia condenatoria imponiéndole tres penas individuales de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, además del pago de multas y la suspensión para ejercer cargos públicos.

Atendiendo a la irreprochable conducta anterior y a los antecedentes sociofamiliares expuestos por la defensa —entre ellos la tuición de su hijo menor de edad—, el tribunal concedió el beneficio de la reclusión parcial domiciliaria nocturna y autorizó el pago de las multas en seis cuotas mensuales.

Nueva formalización por oferta de servicios falsos

Tras la lectura del fallo, el Ministerio Público formalizó de inmediato a Rival Meneses por seis nuevos hechos de estafa reiterada cometidos en diversos puntos de la capital regional.

De acuerdo con la exposición de la fiscalía, el imputado utilizaba las redes sociales y contactos personales para promocionarse falsamente como ingeniero eléctrico o constructor. Bajo esa apariencia, captaba clientes ofreciendo la realización de empalmes eléctricos, instalación de portones automáticos y obras de agua potable o alcantarillado.

Modus operandi y medidas cautelares

Para consolidar el engaño y generar confianza en las víctimas, el sujeto solicitaba abonos cuantiosos e incluso el pago total por adelantado, llegando a suscribir contratos ante notario en algunas ocasiones. Una vez recibidos los fondos mediante transferencias bancarias o dinero en efectivo, ejecutaba faenas insignificantes —como la tala de un árbol o la colocación de un poste— para prolongar el engaño, para luego presentar excusas, negarse a restituir los montos y cortar todo contacto.

Por estos nuevos seis hechos, el Juzgado de Garantía decretó la medida cautelar de arraigo nacional y estableció un plazo de 120 días para el cierre de la investigación, periodo en que se recopilarán nuevos antecedentes contables y testimoniales.

Mira la nota completa acá: