Mediante una declaración pública, Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI), empresa concesionaria de la Zona Franca de Punta Arenas, salió al paso de los cuestionamientos y debates surgidos en las últimas semanas sobre el contrato de administración del recinto franco, cuyo vencimiento está fijado para el año 2030.

En el documento, la administración hizo un llamado a fundamentar la discusión en antecedentes técnicos y verificables, recordando que la actual adjudicación se concretó a través de una licitación pública convocada por el Estado y validada por los organismos fiscalizadores competentes.

SRI enfatizó que ha operado bajo su propio riesgo operativo y comercial sin recibir subsidios o aportes del Fisco. En el balance operacional, la firma subrayó que bajo su gestión la superficie arrendada se extendió a 223 mil metros cuadrados, las visitas anuales pasaron de 3,5 a 10,1 millones y las ventas en los locales comerciales alcanzaron los $300 mil millones durante 2025.

Aportes al FNDR y cumplimiento contractual

Respecto de las retribuciones económicas al Estado, la concesionaria recordó que el contrato obliga al pago del 28% de los ingresos brutos destinados de forma directa al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de Magallanes:

"Durante 2025 se transfirieron $4.713 millones, acumulando más de $43.500 millones desde el inicio de la concesión en 2008. A ello se suma la obligación contractual de reinvertir un 6% de los ingresos brutos anuales en el recinto".

Asimismo, SRI remarcó que el recinto genera actualmente 2.775 empleos directos, de los cuales un 53% corresponde a mano de obra femenina.

Mirada de futuro hacia 2030

Frente a la supervisión que ejerce el Gobierno Regional de Magallanes y de cara al hito de 2030, la concesionaria afirmó mantener su información financiera auditada a disposición de todos los entes de control.

Finalmente, la empresa planteó que la discusión sobre la renovación o relicitación de la concesión no debe centrarse solo en aspectos administrativos, sino en el modelo de desarrollo regional. En esa línea, SRI ratificó su propuesta de transformar el espacio en una Zona Franca de servicios, integrando actividades tecnológicas y comerciales de mayor valor agregado para la economía austral.