Un proyecto de ley orientado a sancionar penalmente la simulación de matrimonios y Acuerdos de Unión Civil (AUC) con fines exclusivamente migratorios fue ingresado al Congreso Nacional por el diputado Tomás Kast (Evópoli). La iniciativa busca frenar el proliferamiento de organizaciones y agencias inescrupulosas que cobran sumas de dinero por gestionar uniones ficticias entre ciudadanos extranjeros en situación irregular y nacionales.

El sustento técnico de la propuesta radica en el marcado incremento de estas gestiones ante las autoridades correspondientes. Según cifras oficiales del Servicio Nacional de Migraciones difundidas por Teletrece, las solicitudes de residencia temporal fundadas en la celebración de un AUC se dispararon de 1.946 en 2024 a más de 4.200 durante el año 2025.

Frente a esta coyuntura, el parlamentario autor de la iniciativa enfatizó la urgencia de establecer marcos de persecución penal más severos:

"No podemos permitir que nuestras leyes y la buena fe de las instituciones chilenas sean utilizadas como un atajo para burlar el control migratorio. Estamos frente a un negocio organizado por agencias inescrupulosas que se aprovechan de la necesidad y vulneran la soberanía de nuestro país. Este proyecto busca frenar en seco las mafias que facilitan la residencia a través de un vínculo afectivo falso", sostuvo el diputado Kast.

Penas privativas de libertad y cancelación automática de beneficios

El texto legal establece un esquema sancionatorio graduado para combatir tanto a los particulares que se prestan para el engaño como a las estructuras organizadas que lucran con el trámite:

• Particulares (contratantes): Quienes ofrezcan o reciban dinero para simular una relación o matrimonio enfrentarán penas de hasta 5 años de cárcel y multas de beneficio fiscal.

• Organizaciones intermediarias: El proyecto concentra sus mayores sanciones contra agencias e intermediarios, estableciendo penas de hasta 10 años de prisión y el cierre definitivo de sus operaciones.

• Consecuencia migratoria: Cualquier permiso, residencia o beneficio obtenido mediante esta simulación fraudulenta será revocado de forma automática por la autoridad migratoria.

"Debemos ordenar la casa y resguardar la seguridad nacional con herramientas legales severas y efectivas", sentenció el legislador al argumentar la necesidad de proteger la integridad del sistema de extranjería del país.