Durante la última sesión ordinaria del Consejo Regional (CORE) de Magallanes, el pleno aprobó la solicitud del consejero regional Rodolfo Arecheta para oficiar formalmente al Fiscal Regional. El requerimiento busca que el Ministerio Público precise el estado procesal del gobernador regional, Jorge Flies, en la causa penal que indaga la adquisición del inmueble ubicado en calle Alessandri N.° 893, propiedad que perteneció al juez tributario Sergio Vera.

En concreto, la petición del cuerpo colegiado requiere confirmar si la máxima autoridad regional mantiene la calidad de imputado en dicha carpeta investigativa y si el órgano persecutor ha solicitado o ejecutado medidas intrusivas durante el desarrollo de las diligencias.

Argumentos de la solicitud y cuestionamientos al estándar de información

El consejero Arecheta fundamentó su petición en los antecedentes que ya obran en el expediente judicial. Según recordó el autoridad, mediante el Oficio FR N.° 138/2026, la Fiscalía Regional comunicó oportunamente al Juzgado de Garantía de Punta Arenas que el gobernador estaba siendo investigado en el marco de dicha transacción inmobiliaria, condición que le otorga la calidad de imputado de acuerdo al Código Procesal Penal.

Sin embargo, el consejero advirtió una inconsistencia en la respuesta entregada al tribunal de garantía, lo que motivó un apercibimiento judicial al Ministerio Público por no especificar si se habían aplicado diligencias intrusivas:

"Cuando otras autoridades políticas han sido investigadas, la Fiscalía ha informado públicamente, con rapidez, tanto su calidad procesal como la existencia de diligencias intrusivas. No se entiende por qué ese mismo estándar no se ha aplicado en este caso", sostuvo Arecheta en el hemiciclo.

Asimismo, el representante del CORE enfatizó que esta causa no se originó a partir de una disputa política, sino de un pronunciamiento del ente contralor:

• Origen de la causa: Observaciones de legalidad dictaminadas por la Contraloría General de la República a través del Dictamen N° D168/2026.

• Objetivo del oficio: Esclarecer el estado del proceso sin intervenir en la autonomía de la Fiscalía, resguardando el principio de transparencia en la administración de recursos públicos.

"Afectan la confianza pública en la imparcialidad de las instituciones. La igualdad ante la ley exige también igualdad en la forma en que las instituciones actúan e informan", remarcó Arecheta, señalando que la ciudadanía requiere certeza en causas que involucran a autoridades electas.