Este miércoles 12 de agosto comenzará a regir en todo el territorio nacional la Ley N° 21.802 de Seguridad Municipal, normativa orientada a fortalecer la labor preventiva de los inspectores de las municipalidades mediante un nuevo marco regulatorio, mayor equipamiento de protección y atribuciones operativas ampliadas.

Pese al avance legislativo, especialistas del sector advierten que la implementación práctica enfrentará complejos nudos estructurales si no se resuelven falencias de formación y gestión administrativa en los municipios.

El consultor y estratega en Seguridad Integral, Luis Alberto Saldivia, remarcó que el principal problema radica en la falta de formación técnica adaptada a la función pública:

“Behind de cada baliza municipal hay un ser humano... La principal deuda es la ausencia de una formación especializada. Muchos municipios continúan contratando exintegrantes de las Fuerzas Armadas o de las policías bajo la premisa de que su experiencia basta. Su experiencia operativa es un activo invaluable, pero el mundo municipal se rige por el Derecho Administrativo. Si no conocen ese marco legal específico, terminan trabajando a ciegas”, sostuvo Saldivia.

Trabas operativas, Licencia Clase F y necesidad de "ley corta"

El analista detalló que la ley entra en vigencia en medio de dos trabas administrativas críticas para las administraciones locales:

• Restricción de personal: Los límites de gasto municipal imponen topes legales a las contrataciones de personal en modalidades a contrata u honorarios, impidiendo aumentar las dotaciones de inspectores.

• Exigencia de Licencia Clase F: La normativa exige que los conductores de vehículos municipales de seguridad cuenten con licencia profesional Clase F, requisito que presenta serios cuellos de botella por la limitada capacidad de capacitación del sistema público.

• Impacto en zonas extremas: Dicha problemática afecta de manera acentuada a regiones como Magallanes, donde las plantas municipales son reducidas y las distancias territoriales son mayores.

Debido a estas dificultades, el Ejecutivo debió impulsar una "ley corta" orientada a flexibilizar los mecanismos de contratación y revisar los requisitos para la obtención de la Licencia Clase F en conductores municipales.

Finalmente, Saldivia concluyó que profesionalizar la seguridad implica dotar al inspector de conocimientos en prevención situacional, flagrancia y coordinación con Carabineros, Senapred y la Subsecretaría de Prevención del Delito, garantizando un actuar seguro y eficaz en beneficio de la comunidad.