El gobierno boliviano anunció la eliminación del subsidio al diésel dirigido a grandes consumidores corporativos, congelando de manera paralela las tarifas para el resto de la población. La determinación busca mitigar la severa escasez de combustibles que afecta la producción de alimentos y que desencadenó semanas de protestas e inestabilidad social en el país altiplánico.

Con este ajuste, el Ejecutivo encabezado por el presidente Rodrigo Paz avanza en su plan de reformas económicas orientadas a la eliminación paulatina de los subsidios energéticos, identificados como una de las causas principales del agotamiento de las reservas internacionales del Estado. La medida se concretó semanas después de un estallido social de 53 días con bloqueos de rutas, contexto que llevó al Ejecutivo a decretar estado de excepción.

Detalles de la medida y proyecciones económicas

Las autoridades de Gobierno precisaron los alcances operativos y los objetivos fiscales del reajuste:

• Tarifario diferencial: El diésel para empresas corporativas, exportadores, mineras y gran industria subió de US$0,85 a US$1,56 por litro.

• Sectores protegidos: La gasolina y el diésel destinados al transporte público y a consumidores particulares mantendrán el beneficio de la subvención estatal.

• Control del mercado negro: Los ministros de la Presidencia, Fernando Aramayo, y de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, explicaron que la nivelación de precios busca desincentivar la reventa ilegal, frenar el contrabando hacia países vecinos y sincerar las finanzas del sector.

• Costo fiscal de importación: Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el Estado gastó US$1.203 millones en importación de combustibles durante el primer semestre del año, cifra que se suma a los US$3.300 millones destinados por la administración previa durante 2024.