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Autoridades de Magallanes destacan promulagación de la Ley Antipelotazos para reforzar seguridad en recintos penales

politica
29/08/2026 a las 10:19
Periodista Web 1
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La normativa Ley Nº 21.834 sanciona hasta con cinco años de presidio el lanzamiento o intento de ingreso de objetos prohibidos a las cárceles, fenómeno que ha ido en aumento en la región.

El seremi de Justicia y Derechos Humanos de Magallanes, Cristóbal Fernández Jofré, junto al director regional (s) de Gendarmería, teniente coronel Edgardo Pérez Casanova, detallaron los alcances de la Ley Nº 21.834, conocida como “Ley Antipelotazos”, iniciativa recientemente promulgada a nivel nacional.

La legislación endurece las sanciones penales para frenar el ingreso de insumos prohibidos a los establecimientos penitenciarios del país, buscando cortar las vías de coordinación del crimen organizado desde el interior de los penales.

"La Ley Antipelotazos viene a reforzar este trabajo, estableciendo penas que van desde los tres hasta los cinco años de presidio para quienes intenten ingresar elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios por lugares o vías no autorizadas", afirmó el seremi Fernández.

Aumento de lanzamientos en Magallanes

Desde Gendarmería, el teniente coronel Pérez advirtió sobre un incremento progresivo en los intentos de ingreso mediante acopios y lanzamientos perimetrales en las cárceles de la zona austral, modalidad que hasta hace poco no registraba cifras significativas en la región.

"El lanzamiento de objetos desde el exterior hacia las cárceles genera riesgos para la seguridad del establecimiento, del personal penitenciario y de las propias personas privadas de libertad", fundamentó Pérez.

Sanciones para el intento e internos que reciban objetos

La Ley Nº 21.834 aborda el problema de forma integral al sancionar tanto el ingreso efectivo como la tentativa de lanzamiento, incluso en aquellos casos donde el objeto no sea recuperado o no se logre determinar su contenido.

Asimismo, la modificación al Código Penal establece penas para la población penal que sea sorprendida portando o manteniendo en su poder elementos ingresados de forma irregular, cerrando espacios de impunidad ante el ingreso de drogas, teléfonos celulares, dinero o armas.


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