Cada
25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, fecha que debe hacernos reflexionar como
sociedad y también llevar estos pensamientos a la acción. En el sistema
de educación superior chileno hemos tenido grandes brechas, que gracias a
la tenacidad y compromiso de tantas personas se ha reducido, aun cuando
queda mucho por hacer.
El
15 de septiembre de 2022 comenzó a regir la Ley 21.369, que regula el
acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de
la educación superior y establece que las instituciones están obligadas
a adoptar medidas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar
estos actos, y proteger y reparar a las víctimas, lo que da garantías a
las comunidades educacionales. Un avance sin duda.
En
la Universidad de Magallanes hemos trabajado arduamente para dar
cumplimiento a lo que nos exige esta normativa, pero también en ir más
allá de los aspectos obligatorios. Ser la única universidad estatal en
la zona conlleva una responsabilidad social con el territorio, toda vez
que es un referente en la formación y desarrollo de la región.
En
virtud de la Ley 21.369 la Universidad de Magallanes desarrolló e
implementó una Política Integral que contiene un modelo de prevención y
otro de investigación y sanción. Los principios rectores que orientan
esta política integral son: la confidencialidad, respeto,
responsabilidad y la no revictimización.
El
primero incorpora actividades de sensibilización y capacitación para la
comunidad universitaria, que integra contenidos de Derechos Humanos e
Igualdad de Género. Por otra parte, el segundo modelo establece
procedimientos especiales de denuncia, investigación y sanción, y la
definición de órganos con competencia especial para llevar a cabo estos
procesos y medidas dirigidas para proteger a las víctimas, entre otras.
En
el marco de esta ley, y más allá de ella, la UMAG adoptará todas las
medidas que sean conducentes para prevenir, investigar, sancionar y
erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género,
junto con proteger y acompañar a las víctimas en el ámbito de la
educación superior, promoviendo, en particular, las relaciones
igualitarias de género lo que debe materializarse a través de la
normativa que regula las relaciones entre los miembros de la comunidad.
Este
es un trabajo que comenzó hace ya varios años, durante 2018 se conformó
la Unidad de Prevención y Acompañamiento en materias de acoso,
violencia y discriminación y, posteriormente, en abril de 2019, se creó
la Dirección de Género, Equidad y Diversidad, la cual tiene como
objetivo principal transversalizar la perspectiva de género en las áreas
de docencia, investigación, gestión y vinculación con el medio.
Además,
se conformó una Comisión Triestamental que trabajó en la elaboración
del “Protocolo para prevenir y enfrentar situaciones de violencia de
género, acoso, hostigamiento y discriminación”, oficializado en enero de
2020 y actualizado en agosto de 2022. Dicha Comisión dió origen al
actual Comité Asesor en temáticas de Género, integrado por personas de
los tres estamentos, con el objetivo principal de elaborar la propuesta
de la Política de igualdad de Género y diversidades sexo-genéricas de la
Universidad de Magallanes. Con fecha 01 de mayo de 2022 se creó la
Fiscalía de Género.
Esta
nueva institucionalidad universitaria viene a dar respuesta a las
necesidades de cambio en las instituciones de educación superior en
materias relativas a la igualdad de género y a establecer un plan de
trabajo concreto que contempla diferentes acciones conducentes a lograr
generar espacios con igualdad sustantiva y libres de violencia de
género.
Más
allá de las disposiciones que cada universidad ha adoptado para cumplir
la ley, me parece necesario hacer un punto en relación con la
pertinencia de que cada institución establezca sanciones propias para un
mismo hecho. Es decir, un mismo acto puede ser sancionado con la
destitución de una persona en una casa de estudios mientras que en otra
ese mismo hecho puede tener como consecuencia una sanción
administrativa. Creo que las universidades del Estado, al menos,
deberíamos avanzar en una normativa común que permita unificar criterios
y establecer una escala común de sanciones para este tipo de
situaciones que sin duda deben ser erradicadas del sistema educativo y
del país. Mejor incluso sería que todas las instituciones de educación
superior pudieran tener un criterio común.