Seamos
directos y específicos. La respuesta a la pregunta del encabezado de la
columna es: Si!!!… dicho 6% adicional de la reforma previsional se
convierte en una especie de impuesto al trabajo y esto es así, para
todos aquellos aportes obligatorios a la seguridad social que provienen
por parte de los empleadores e incluso de los trabajadores.
Pero
aquí, me permito realizar una nueva pregunta: ¿Es necesario este
impuesto específico al trabajo para mejorar las pensiones de nuestros
jubilados?
En
esta caso, la respuesta también es afirmativa, y existe consenso al
respecto; se requiere incrementar las cotizaciones obligatorias; de
hecho, la reforma del 2017 proponía un 5% adicional a cargo del
empleador; la reforma del 2018 proponía un 4% adicional a cargo del
empleador, que luego de pasar por la cámara de diputados quedó en un 6%
también a cargo del empleador. De tal modo, que este famoso 6% adicional
no es nada nuevo, con excepción, de que el total de este 6% -en esta
reforma- se destina a una capitalización colectiva, y que en ningún
caso, se suma a una cuenta de capitalización individual, como ocurría en
el resto de las propuestas.
Es
con esto, que la discusión no se centra en la necesidad de este 6%
adicional en la cotización, sino más bien en lo que podría provocar esto
al mercado del trabajo.
Como
hemos indicado, para algunos economistas este 6% se convierte en un
impuesto al trabajo, y como cualquier impuesto, provoca algunos
desajustes o cambios en el mercado laboral, como por ejemplo, que las
empresas tomen la decisión de bajar sus contrataciones o incluso de
encontrar alternativas para la automatización de sus procesos
productivos.
Pero
bien, en este sentido se ha incorporado la gradualidad, es decir, este
6% no se incrementa de forma inmediata, sino que se contempla un
incremento de un 1% por año. Esto permite que el mercado laboral se
ajuste a los cambios y con ello, el impacto de la medida sea gradual.
Pero bien, entonces para los detractores de este 6% con cargo al empleador ¿cuál sería la solución?
Muchos
detractores de este “supuesto” impuesto al trabajo, proponen que el
incremento de este 6% adicional en las cotizaciones sea financiado por
otra vía. Y aquella vía se relaciona a los impuestos generales. Aquello
es inviable, en particular, porque la actual reforma tributaria
considera que un 33% de los recaudado sea para financiar el incremento
de la Pensión Garantizada Universal (PGU). De modo, que una propuesta
como la formulada implicaría que la reforma tributaria tendría que
considerar una recaudación mayor, llegando ésta a un 50% extra. Aquello,
es inviable considerando las condiciones actuales económicas de nuestro
país.
En
definitiva, existe consenso con el incremento de la cotización, no
obstante, la discusión se centra en cómo se financia este 6% (cargo al
empleador o impuestos generales) y un tema que seguirá dando que hablar es: ¿quién administra este 6% adicional?.
La
propuesta del gobierno es que esta administración de fondos sea
realizada por un organismo estatal, que en este caso es el IPS. ¿Pero
esta entidad tiene las condiciones para aquello? Gran tema aún por
discutir en los salones del Congreso.