Ochocientos
estudiantes estarían a la fecha sin matrícula en Chile. No tres mil,
como se denunció inicialmente en un número que la autoridad declarado
desconocer. El gobierno ha explicado que se trata de un problema que
tiene sus causas en fenómenos migratorios y falta de establecimientos, y
que si bien el Estado no es responsable de crear oferta educativa, se
está ocupando del tema.
Dentro
de las explicaciones, salta un dato elocuente y que se vincula a una
ausencia mucho más masiva, pero que no parece importarle a nadie: los
227 mil niños, niñas y jóvenes que están fuera del sistema escolar y
que, post pandemia, han ido aumentando a razón de 50 mil cada año.
Es
un enorme contingente de excluidos que tienen vulnerado el derecho
esencial a la educación, y que no cuenta con la escuela como factor
protector, encontrándose a merced de la tentadora oferta del narco y la
delincuencia.
Hace
poco, una dirigente vecinal de Bajos de Mena comentaba el caso de una
niña de 9 años que quería que la llamaran “Paty Fácil”, emulando a una
influencer que la inspiraba. Encontraba que así no tendría para qué ir
al colegio. No es la única. Hoy muchas niñas sueñan con conquistar al
“mariscal de campo”, al más choro de los choros del barrio, y para eso
hacen esfuerzos estéticos inauditos. Eso, mientras ellos se suman al que
les ofrece plata fácil y alto riesgo como rápido camino al éxito.
El
dato dramático en relación a los 800 que quieren estudiar y cuentan con
el apoyo de sus familias para lograrlo, es que la mayor parte de los
que están sin matrícula, se ubican entre octavo básico y primero medio.
Es decir, en el momento de quiebre de la continuidad escuela-liceo, que
es una de las causas de abandono escolar más común. Otras son las
necesidades económicas, la maternidad-paternidad adolescente, los cada
vez más presentes problemas de salud mental, la violencia intrafamiliar,
el consumo y comercio de drogas y alcohol, y el capital cultural y
nivel socioeconómico de las familias.
La
exclusión escolar involucra al 6,5% de la matrícula total de
estudiantes en todo Chile, que son cerca de tres y medio millones de
niños, niñas y jóvenes. Frente a eso, los 800 representan el 0,02% del
total, pero tienen un respaldo, el apoyo de sus padres y apoderados,
quienes siguen creyendo en el efecto protector de la escuela y en la
educación como herramienta de promoción social. Por eso exigen los cupos
que requieren.
Así,
mientras los 800 afligen al Ejecutivo y estimulan desgastadoras
amenazas de acusaciones constitucionales contra la autoridad
ministerial, los 227 mil siguen ahí, incrementándose sin que a nadie le
preocupe el tema.
En
2020, el Consejo Nacional de Educación aprobó la creación de la
modalidad de reingreso, para ofrecer a esos excluidos desencantados con
el sistema una alternativa ad hoc a su realidad: menos rígida, más
comprensiva de su situación social y económica, orientada a reparar
experiencias educativas traumáticas. Al año siguiente, 2021, el
Ministerio de Educación ingresó el proyecto de ley que crea la modalidad
de reingreso y tras su discusión fue aprobado por la Cámara de
Diputados. En el Senado el proyecto se estancó y pasó a engrosar el
listado de proyectos de ley no prioritarios mientras los jóvenes siguen
esperando.
Este
24 de abril, a las 11 de la mañana, en el programa vía streaming que
hacemos en la señal de Youtube del Hogar de Cristo, una profesora de
Bajos de Mena nos contará cómo intenta generar un espacio de protección
en un departamento tomado de la población Marta Brunet, para treinta
niños y niñas de entre 5 y 15 años, que después del colegio están solos e
indefensos. Una iniciativa individual admirable que se sostiene en la
conciencia de una profe que cree que salvar a un niño y devolverle su
derecho a la educación es salvar el mundo.