En una semana en que la
ley corta de Isapres dominó la agenda noticiosa, las subcomisiones de la
Comisión Experta tuvieron varias sesiones (y otras tantas concesiones)
para revisar y votar las más de 900 enmiendas que se presentaron al
borrador de texto constitucional de 192 artículos aprobado en general
por dicho órgano. Los expertos tienen 16 días más para finalizar el
anteproyecto de nueva constitución que deberán entregar al Consejo
Constitucional elegido hace dos semanas. Todo indica que lograrán sacar
la tarea adelante.
A
diferencia de lo ocurrido con la Convención Constituyente en 2021,
cuando el Consejo Constitucional empiece a sesionar el próximo 7 de
junio, las personas que nos representarán en la elaboración de un nuevo
texto constitucional no partirán desde cero, sino que contarán con
insumos muy valiosos que permitirán nutrir y ordenar su discusión: el
anteproyecto de la Comisión Experta, las 12 bases constitucionales y un
reglamento de funcionamiento (que evitará discusiones que, durante
meses, se vivieron en la Convención). La existencia de estos documentos
marca un gigantesco contraste con uno de los paradigmas que observamos
en el proceso anterior, resumido en el concepto de la “hoja en blanco”.
Aunque
inicialmente concebida para que los convencionales del proceso anterior
no tuviesen que ceñirse al texto y estructura de la constitución
actualmente vigente, la “hoja en blanco” terminó convirtiéndose en uno
de los mayores problemas dicho proceso, dando paso al carácter
refundacional de la propuesta rechazada, con fuerza, en el plebiscito
del pasado 4 de septiembre.
Como
consecuencia de la “hoja en blanco” los convencionales perdieron
valioso tiempo discutiendo asuntos que no debiesen haber sido discutidos
(como los emblemas nacionales) y realizando propuestas que la
ciudadanía no quería aprobar (como la plurinacionalidad). A propósito de
la “hoja en blanco”, se desconocieron elementos básicos de nuestra
cultura cívico-republicana (como el bicameralismo en nuestro Congreso),
olvidando que muchas instituciones jurídicas chilenas pueden rastrearse,
sin problemas, hasta el Derecho Romano (nuestro Código Civil tiene
muchas normas cuya fuente directa es el Corpus Iuris Civilis).
Así,
el desafío que tienen los distintos órganos que forman parte de este
nuevo proceso es resolver, adecuadamente, la tensión inherente a todo
proceso de reforma: determinar cuáles son los elementos positivos que
debemos mantener y cuáles son los problemas que debemos corregir.
En
tal sentido, el trabajo realizado por la Comisión Experta, aunque
perfectible, viene bien encaminado: si bien buena parte del texto y
estructura de la propuesta en la cual han estado trabajando tiene sus
bases en la constitución actualmente vigente, también contiene aspectos
en que se busca innovar (como el capítulo dedicado a la protección del
medio ambiente) o propuestas de soluciones a los problemas que
actualmente nos aquejan (como la fragmentación de nuestro sistema
político).
Para que nuestra sociedad siga avanzando, es imposible olvidar el camino recorrido.