A
4 años del denominado “estallido social” existe una percepción
mayoritaria de que el proceso comenzado el 2019 significó en varios
ámbitos un grave retroceso para el país. Esto resulta particularmente
evidente en materia de seguridad y economía, donde el octubrismo logró
instalar efectivamente eslóganes como la refundación de Carabineros
y que Chile sería la tumba del neoliberalismo. Estas consignas tenían
por objetivo subvertir el orden establecido, lo que se hizo sin proponer
ninguna idea seria para su reemplazo. En otras palabras, un salto al
vacío cuyo rechazo por parte de la ciudadanía tuvo su expresión en el
plebiscito del 4 de septiembre donde el proyecto refundacional,
encarnado por la propuesta de la convención, fue rotundamente derrotado.
A
pesar de la resaca institucional y económica del estallido, considero
que existen una serie de aprendizajes que vale la pena destacar.
Probablemente
las lecciones más significativas se dieron en el ámbito político.
Primero, aprendimos que los ciudadanos comunes y corrientes pueden
incurrir en vicios iguales o peores que los políticos profesionales. El
“pelao” Vade es un claro ejemplo de esto. Asimismo, actores como la
lista del pueblo, y los profetas de cátedra como Atria y Bassa,
demostraron cómo los grupos de interés con agenda propia suelen tomarse
los espacios de representación democrática para representarse a ellos
mismos.
También
aprendimos que los procesos políticos y sociales son mucho más
complejos que lo que nos vendieron en un primer minuto. Por ejemplo, que
una constitución redactada por un órgano electo puede ser peor que una
escrita en dictadura (y viceversa), lo que da cuenta de la diferencia
que puede existir entre un proceso “democrático” (hago énfasis en las
comillas) y el texto que se produce, que puede no serlo. Asimismo, el
proceso nos permitió ver que el marco institucional actual ha dado
garantías políticas, como lo son la alternancia del poder y el avance
progresivo en derechos de distintas minorías, así como bases que
permiten el desarrollo económico, elementos que – dicho sea de paso –
son inexistentes en la institucionalidad de varios países de la región.
Vinculado
a lo anterior, y teniendo en cuenta nuestro presente, parece haber
existido una revalorización de los avances que experimentó nuestro país
desde el retorno a la democracia en prácticamente todos los ámbitos, lo
que no es sino una derrota del “no son 30 pesos, son 30 años”.
Aprendimos que en realidad el progreso social y económico es una comida
que se cocina a fuego lento y sin discursos grandilocuentes, donde la
estabilidad institucional y el reformismo basado en evidencia son parte
fundamental de la receta seguida por los países que han alcanzado el
desarrollo. Desde luego, nada de esto es tan “sexy” como la retórica
revolucionaria que promete el cielo en la tierra a través de la
planificación estatal. De este modo, el aprendizaje quizás puede
resumirse con la frase de Quevedo que señalaba que nadie ofrece tanto
como quien no va a cumplir.
Ciertamente
existen personas que aprenden rápido, otras lento y algunos que nunca
aprenden. El poder capitalizar las lecciones del estallido depende de
qué hagamos con la experiencia adquirida en estos 4 años. Es de esperar
que en varios años más podamos ver el proceso iniciado en 2019 como un
costo necesario para un progreso social, político y económico y no como
el inicio de un proceso de decadencia que termine en convertirnos en un
país más del montón.