El
Presidente de Argentina Javier Milei ha anunciado una estrategia audaz
para abordar la escasez de recursos públicos en su país: adoptar el
“modelo chileno” de inversión en infraestructura. Esta decisión merece,
en primera instancia, un reconocimiento por los logros obtenidos en este
sector económico durante las últimas tres décadas.
Para
comprender la esencia del “modelo chileno”, es crucial analizar cómo
Chile ha abordado el desarrollo de su infraestructura en diferentes
momentos. Desde el suministro de servicios básicos hasta la construcción
de carreteras, puertos, hospitales y otras infraestructuras, Chile ha
establecido marcos legales, regulaciones y contratos específicos que han
impulsado significativamente esta área. La clave ha sido construir
consensos a lo largo del tiempo, respaldando la relación entre el Estado
y sus contrapartes privadas, proporcionando estabilidad a las
industrias a largo plazo.
En
efecto, una de las fortalezas principales del modelo de concesiones fue
la aprobación en 1996 -por unanimidad en el Parlamento-, de una ley que
se mantuvo inalterada hasta 2010 y que desde entonces ha registrado
cambios menores, fundamentalmente, para perfeccionar los mecanismos de
resolución de controversias y la capacidad del Estado de recuperar
contratos en caso que las condiciones del país así lo ameriten. Es esta
estabilidad institucional la que ha hecho posible que bajo estas normas
se hayan invertido más de US$ 28 mil millones y el Estado esté
promoviendo una cartera de proyectos por US$ 13 mil millones de dólares
adicionales para los próximos 4 años.
Un
componente fundamental del éxito chileno ha sido el financiamiento. La
disposición de inversionistas extranjeros para aportar recursos es
plausible, siempre y cuando exista un mercado de ahorro de largo plazo
sólido. En el caso de Chile, los fondos de pensiones y las compañías de
seguros han desempeñado un papel crucial en respaldar las inversiones
locales.
Se
espera que gran parte de estas infraestructuras se financien mediante
pagos de usuarios, lo que resalta la importancia de evaluar la capacidad
de pago
y la disposición de la población a pagar por servicios de calidad.
Identificar proyectos atractivos para los inversionistas privados es
esencial para validar este enfoque de asociación entre el sector público
y privado.
Es
crucial señalar que no todas las infraestructuras pueden trasladar
costos a los usuarios. En estos casos, se requiere una cuidadosa
estructuración de mecanismos de endeudamiento del Estado con los
inversionistas, justificando por qué esta vía es más efectiva que la
financiación exclusiva del Estado.
De
esta forma, podemos ver que la experiencia chilena ofrece valiosas
lecciones que Argentina puede aprovechar al enfrentar el desafío de la
infraestructura. Este enfoque estratégico no solo representa una
oportunidad para abordar las limitaciones financieras, sino también para
impulsar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de la
población argentina.