Las
asimetrías presupuestarias para las Universidades Públicas agrupadas en
la Red G9 respecto del Consorcio de Universidades Estatales (CUECH)
tienen su origen en partidas exclusivas en la Ley de Presupuesto de la
Nación para éstas últimas. Es importante aclarar su origen y magnitud
para comprender el momento crítico que vive una buena parte de las
instituciones de Educación Superior (ES) que realizan un aporte
sustantivo en el desarrollo de la investigación, formación y docencia a
lo largo de todo el país.
Actualmente,
y debido al sistema de provisión mixta del sistema de ES, los aportes
institucionales para las universidades agrupadas en la Red G9, provienen
de solo tres ítems presupuestarios: Aporte fiscal directo, Educación
superior regional, Basal por desempeño Universidades y Fondo de
desarrollo institucional. En contraposición, el CUECH considerada diez
ítems presupuestarios, entre los que se consideran aportes adicionales
como el aporte para el desarrollo de actividades de interés nacional y
el plan de fortalecimiento universidades estatales.
En
primer lugar, es incomprensible que las universidades con vocación y
servicio público como son las agrupadas en el G9, no figuren entre las
destinatarias de financiamiento para el desarrollo de actividades de
interés nacional. Esto porque tal como se expuso en el 2021 ante la
Subsecretaría de Educación Superior y el parlamento que el fundamento
que da origen a la asignación también era realizado por dichas
universidades: acciones focalizadas destinadas a la vinculación con el
medio, como por ejemplo, actividades culturales, patrimoniales,
artísticas, de intervención comunitaria, centros científicos de
relevancia nacional y conservatorios de música, iniciativas que están en
el corazón de estas casas de estudio.
En
segundo lugar, la Red G9 manifestó ya en el 2018 ante el Ministerio de
Educación y las Comisiones de Educación y de Hacienda los efectos
desastrosos que se generarían al no considerar el fortalecimiento a
todas las instituciones que forman parte del Consejo de Rectores
(CRUCh), si el objetivo era mejorar la educación pública de calidad.
Situación que se ve aún en mayor riesgo con el cambio en el formato de
la asignación del 2021 que ha implicado una caída importante en los
recursos disponibles para el desarrollo de proyectos tantos
institucionales como de los estudiantes.
Las
cifras hablan por sí mismas. Desde 2017, los montos contenidos en las
partidas presupuestarias de las universidades del estado -como Aporte
Institucional- crecen a una mayor tasa que los fondos considerados para
la Red G9, experimentando esta una caída en términos reales para el
período. Esta caída nos lleva hoy a una brecha de recursos de casi en un
25%, sumado este contexto presupuestario, a los efectos de la crisis
social y sanitaria que afectó a nuestro país desde 2019.
En
nuestro diálogo constante con la institucionalidad del país, hemos
entregado en los últimos años propuestas a corto, mediano y largo plazo,
que lamentablemente no han sido consideradas. Es nuestro interés
continuar aportando al diálogo y mirada amplia al sistema de educación
superior, desde todos los ámbitos, de manera de colaborar con el
entendimiento por parte de la opinión pública del quehacer,
características y aportes de las universidades públicas agrupadas en la
Red G9 al desarrollo de los territorios y el país.