La
Constitución organiza y distribuye el poder de forma centralizada y
concentrada, estableciendo las bases de los principales órganos del
Estado. Por un lado, concentra el poder en la figura del Presidente o
Presidenta de la República, quien tiene excesivas facultades y por otro
lado, centraliza el poder en desmedro de los gobiernos regionales,
comunales y locales. Organiza el poder en un Estado unitario y
centralizado en que las decisiones políticas, administrativas y fiscales
se toman en el centro del país, restando autonomía a las regiones. En
resumen, la Constitución en vez de distribuir el poder de forma
equilibrada, lo concentra en ciertas figuras que están en el centro del
país, (en el norte como diríamos por estos lados). Si bien es cierto las
reformas constitucionales de las últimas décadas han tratado de avanzar
en la materia otorgando mayores atribuciones al Congreso, el derecho
de la ciudadanía de elegir a los Consejeros Regionales, elegir al
Gobernador o Gobernadora regional, entre otras acciones, cabe señalar
que éstos avances aún siguen siendo insuficientes. La nueva
Constitución es una oportunidad para avanzar de manera integral. El
desafío no es menor, porque se requiere generar un mejor equilibrio
entre el Congreso y el Presidente y por cierto descentralizar las
decisiones políticas, administrativas y fiscales, todo ello cuidando la
equidad territorial, que exige un piso de igualdad independiente de la
región o ciudad en la que se haya nacido. Pero eso no es suficiente,
porque esta vez no basta con distribuir el poder solo en autoridades que
sean elegidas a través de la votación popular, se requiere también
incluir mecanismos de participación vinculante de la ciudadanía en las
decisiones nacionales, regionales y comunales. Por tanto, la
descentralización, más allá de tratarse de una reforma política,
institucional, administrativa y económica, debe representar también la
búsqueda de una nueva articulación entre Estado y sociedad civil
impulsando en nuestro país un proceso de descentralización, no sólo
desde la mirada de organización administrativa del Estado, sino como
una estrategia de desarrollo nacional basada en la resignificación de
las identidades culturales y sociales de los espacios locales y sus
potencialidades respecto a sus condiciones sociales y políticas para
desarrollar una nueva articulación entre el Estado, la sociedad civil y
la ciudadanía. Un Chile en el cual, independiente del lugar donde vivan y
trabajen sus habitantes, gocen de similares condiciones para el acceso a
las oportunidades de desarrollo, en donde se requiere perfeccionar,
profundizar y consolidar la democracia desde el legítimo derecho que
poseen las personas que integran un territorio a decidir y gestionar,
directamente o a través de sus representantes, los asuntos que les son
propios en su barrio, en su comuna, o en su región y ese es uno de los
caminos que debemos y queremos impulsar en este nuevo proceso
constituyente. Participa, infórmate, y vota el próximo 7 de mayo.