Por estos días se ha
generado un intenso debate respecto de la capacidad de los recintos
penitenciarios. Algunas propuestas apuntan a nuevas cárceles que
permitan descomprimir el hacinamiento y respondan al mayor flujo,
incidido fuertemente por la población imputada con medidas cautelares.
Dichas medidas son soluciones transitorias que si no incorporan la
prevención social y la reinserción efectiva serán absolutamente
insuficientes en muy corto plazo.
Sin
perjuicio del inmenso trabajo de organizaciones religiosas y sociales
tanto al interior de las cárceles como en el post penitenciario, su
alcance es limitado, insuficiente y muchas veces no sostenible, con
equipos que dependen de una subvención o una licitación que impide
acumular capacidades y experiencia de los equipos en un sistema
altamente complejo.
Con
todo, los niveles de reincidencia delictiva alcanzan sobre un 50% antes
de los 2 años y, entendiendo que el proceso de reinserción tiene
avances y retrocesos en la vida de una persona, se hace fundamental
fortalecer la política pública en la prevención de factores de riesgo
que emergen en el medio libre, una vez cumplida una condena.
Hace
algunos años, el estudio de exclusión de Fundación San Carlos de Maipo y
Paz Ciudadana ya daba cuenta del agravamiento de los niveles de
exclusión y la baja efectividad y cobertura de los programas. Los
factores de riesgo, como la baja escolaridad, el consumo problemático,
son gravitantes en el desarrollo de trayectorias delictivas, las que
evidentemente terminan en situaciones complejas que llevan a la cárcel.
Hoy
las organizaciones criminales sustentan su control territorial en el
involucramiento delictivo de niños y jóvenes, hacer frente a ello
requiere de familias y comunidades que cuenten con herramientas para
generar espacios protectores efectivos. La evidencia es contundente, 7
de cada 10 jóvenes que delinquen dejan de hacerlo en la medida que
vuelven a un hogar prosocial o retornan al colegio o tienen un desenlace
laboral formal. Y el resto, requiere de un mayor apoyo en materia de
Salud Mental que hoy día no está disponible.
En
consecuencia, el acento no debe estar sólo en mejorar la
infraestructura carcelaria o ampliar el número de recintos, sino que
sobre todo debe invertirse con decisión en prevención social para
interrumpir las trayectorias delictivas de manera temprana, con una
oferta sólida basada en la evidencia que logre evitarla o apoyar el
desistimiento cuando han comenzado. Necesitamos fortalecer la capacidad
de retención y reingreso de los centros educacionales, generar
oportunidades y fundamentalmente, contar con oferta programática que
permita robustecer las habilidades parentales que redundan en un modelo
familiar pro social, el que debe trabajarse desde la primera infancia.
El
Estado debe apoyar decididamente la prevención temprana, perfeccionar
la justicia juvenil con tribunales especializados de ejecución de penas y
entregar oferta programática a los inimputables menores de 14 años para
ir cerrando el flujo en su origen. Tenemos que hacerlo. Dejemos de
llegar tarde.