La
inteligencia artificial (IA) y la aplicación de esta no es algo nuevo,
más bien lleva años desarrollándose, incluso desde antes de los 2000.
Sin embargo, los pasos gigantescos que se han dado los últimos años en
esta materia alarmaron a los gobiernos de diferentes países por las
posibles consecuencias que esto conlleva. Sus riesgos y oportunidades.
¿Cómo afectará esto en la educación? ¿Qué nuevas legislaciones serán
necesarias?
Si
bien, el progreso y la innovación de estas tecnologías contribuyen de
gran manera al desarrollo social y económico de las naciones, es
importante tener en cuenta los peligros que trae consigo. No se puede
promover una sociedad libre sin fomentar la responsabilidad de cada una
de sus partes. Aquí es donde comienza lo complejo. ¿Qué ocurriría si
avanzamos en implementación de la IA en las instituciones públicas? Es
inevitable pensar en todos los beneficios que traería, entre ellos, una
mejora considerable de la eficiencia del aparato estatal, una aumento en
la calidad de los servicios y la reducción de los errores por el factor
humano. Es posible implementarla en materia de seguridad, en la
creación de políticas públicas y análisis de estadísticas ¿Pero qué
retos traería consigo?
Para
entender las implicancias de las IA es necesario saber que suelen
consistir en una computadora que toma decisiones a partir del cruce de
información, por esto necesitan tener acceso a una enorme cantidad de
datos. Los del entorno y de los ciudadanos. El primer desafío es
mantener la confidencialidad y privacidad de las personas, trazar
límites sobre aquello que puede ser publicado o a lo que pueden tener
acceso los trabajadores del sector público. Al mismo tiempo surge un
segundo desafío, la transparencia. Al mismo tiempo que protegemos la
intimidad de los civiles, es necesario saber cómo la IA llega a tomar
las decisiones. Imaginemos que una IA esta a cargo de sugerir una
reforma tributaria, y casualmente la propuesta va muy en línea con el
gobierno actual. Es necesario poder hacer seguimiento al análisis que
llevó a la inteligencia artificial a tomar dicha decisión, con el fin de
que pueda ser cuestionada, refutada o respaldada según sea el caso.
Esto pues el modelo afectaría al país en diferentes formas y escalas,
por lo que sus argumentos deberían estar accesibles al escrutinio
público.
Un
tercer desafío es el uso legítimo de estas tecnologías. Se dice que los
datos son el oro del siglo 21, y con un Estado que posee cada vez más
acceso a estos, es importante garantizar que quienes están en el poder
no hagan mal uso de estos. Detrás de los software y hardware hay
personas de carne y hueso que podrían llegar a hacer un uso malicioso de
nuestra información. Por ello es necesario fortalecer las regulaciones
que protegen el derecho a la privacidad, pero también, de forma
constante fiscalizar a quienes acceden a este nuevo poder, para que no
abusen de él.
La
llegada de estas nuevas herramientas permitirán nuevas innovaciones en
la administración pública. Pero solo le permitirán generar valor público
en la medida que se ponga la tecnología al servicio de las personas,
con responsabilidad y teniendo en cuenta los desafíos que esta conlleva.