Después
de poco más de 4 meses, esta semana nos reunimos en el ex Congreso
Nacional para dar curso a una de las últimas votaciones del pleno que
reúne a las y los consejeros electos democráticamente. Lamentablemente,
puedo decir con total seguridad que el texto al que se le dio forma en
las distintas instancias de discusión ha excluido a un sector
importante de la sociedad, siendo sumamente partisano, egoísta e
identitario, distanciándose por mucho de lo que debería ser un texto
representativo de la diversidad de nuestro país.
Vale
mencionar que la comisión de expertos realizó una labor admirable en
aspectos técnicos que facilitaron grandes acuerdos y entregaron una base
robusta para la discusión en la que participamos las y los consejeros
electos democráticamente. Nosotros, las y los representantes de los
territorios en el proceso constitucional, teníamos la responsabilidad
de llevar la voz de la ciudadanía a un espacio tan importante como este,
al mismo tiempo que se esperaba de sus integrantes un comportamiento
acorde con la responsabilidad histórica que se asume.
Lamentablemente, no puedo dejar de mencionar que esto no ocurrió, y eso me preocupa profundamente.
Las
y los habitantes de nuestra patria se merecen algo mejor, de eso no hay
duda. Pero en las observaciones entregadas por la comisión experta y
que votamos a mediados de esta semana, no se refleja que puedan haber
cambios sustanciales en el fondo del texto constitucional que permitan
incluir medidas que apunten a un mejor bienestar de cada una y uno de
los chilenos. Esto me causa una profunda preocupación por el futuro de
nuestra nación.
Por
último, mencionar que gran parte de las mejoras respecto a la
Constitución actual fueron realizadas por las y los comisionados y
propiciadas por las 12 bases bajo las cuales regimos nuestro trabajo. La
descentralización es uno de ellos y, aún en esto, se observan
retrocesos respecto al anteproyecto, no tan solo por modificaciones a
ese capítulo en particular, las cuales, por cierto, las hubo, sino
también porque no podemos hablar de descentralización sin hablar de
derechos y, mucho menos, hablar de libertad de elección en materias como
salud o educación si esta se debe comprar. Bien sabemos que la libertad
es sólo para quienes pueden pagar… Quebrándose el principio que
consagra el acceso libre, universal e igualitario a estos derechos. Por
tanto una vez más las familias de nuestro país verán como el acceso
queda supeditado a la capacidad financiera de sus bolsillos. Esto, sin
duda, es motivo de una profunda preocupación por el rumbo que estamos
tomando como nación.