A
medida que avanza el año y nos alejamos del ya histórico 4 de
septiembre se aprecia que no existe en la población una necesidad
acuciante de tener ahora una nueva Constitución, ni menos repetir la
experiencia de la Convención Constitucional. De las encuestas y de la
conversación cotidiana con diversas gentes, se vislumbra que si bien se
sigue confiando en que una nueva Carta Fundamental es necesaria, no es
claro que esta necesidad sea prioritaria y que deba ser la ocupación
primera de la política. La mermada situación económica nacional a la
cual los chilenos no estamos acostumbrados, es una preocupación
importante. Para qué decir de la delincuencia que ha sobrepasado también
los niveles tolerados por el país. Luego, entre más los políticos
ocupan su tiempo en discutir bordes, procedimientos, fechas y otras
yerbas constitucionales, más distancia los votantes toman de ellos
porque no están conectando con sus intereses y prioridades que por lo
demás, son de sentido común.
No
obstante el Gobierno y los partidos oficialistas insisten en que la
prioridad de los chilenos es tener una nueva Constitución. Como si nada
hubiera pasado y esté pasando en el país, distraen la discusión política
importante llevándola siempre al tema constitucional. Un verdadero
chiste de los fenicios. Y como dogma casi de fe, insisten en que sólo un
texto redactado por constituyentes electos asegura una buena
Constitución; es decir, para ellos y especialmente para el Presidente
Boric, armar una nueva Convención Constitucional es el único camino
democrático para redactarla y que la legitimaría. Asombra la contumacia
de su postura, pero sabemos que las ideologías consume a quienes son
presa de ellas. Entonces la pregunta que debemos hacernos es si la única
vía legítima para tener otra Constitución es una convención ciento por
ciento elegida. Sabemos que no porque una norma jurídica se haga en
democracia la convierte en buena, eficiente y eficaz. A modo de ejemplo,
normas sobre el sistema previsional hechas democráticamente han ido en
contra de los intereses de los afiliados. Autoridades electas bajo
normas democráticas no han dado el ancho en sus importantes cargos,
teniendo como ejemplo mucho de los ex convencionales que mintieron,
frivolizaron su labor y otras excentricidades que rebajaron su alta
investidura. Y ahora la izquierda nos quiere convencer que la única
forma de tener otra Constitución es que sus redactores sean todos
elegidos en elección popular. Este argumento es espurio, falaz, porque
no se colige que constituyentes electos en elecciones abiertas aseguran
per se una buena Constitución.
Otra
vía igualmente democrática, que tiene la virtud de encauzar
institucionalmente la discusión retomando el Congreso Nacional su
competencia en esta materia, es que este órgano elija en proporción al
número de escaños que posee cada partido, a los constituyentes
encargados de redactar el nuevo texto, incluyendo a juristas y
profesores de derecho constitucional. Elaborado el texto, se someterá a
plebiscito, cerrando de esta manera una discusión que ha estancado al
país y ha causado amargura a demasiados chilenos ¿Se podrá decir que un
texto así redactado carecerá de legitimidad democrática? ¿Se podrá
sostener que un órgano constituyente elegido por un Congreso Nacional
plenamente democrático no tendría también credenciales democráticas? ¿Un
texto plebiscitado y aprobado por el pueblo en un proceso libre,
secreto e informado dejará de ser democrático en consideración a quiénes
lo redactaron?