¿Quien
podría negarlo?… se avecina una crisis en el sector salmonero y los
(as) trabajadores de la región de Magallanes serán, como siempre, los
(as) más perjudicados (as). Y cuando digo esto lo afirmo con
conocimientos, esto porque, de ocurrir esta potencial desgracia
económica y social, los accionistas venderán sus acciones, recuperando
parte de lo invertido y en el caso de los dueños, demandarán al Estado
por una compensación por perder un “derecho adquirido” que genera un
lucro cesante (es la ganancia esperada que no se obtuvo debido al
incumplimiento del contrato). Ese mecanismo será más largo pero ganarán
igual. Los (as) trabajadores (as) con suerte podrán cobrar el seguro de
desempleo y rezar para encontrar nuevamente trabajo.
Ahora
bien, para los que creen que esta situación comenzó cuando se supo que
la empresa que tiene operación en Porvenir podría cerrar sus puertas,
les puedo asegurar que esto viene de antes. Todo comenzó el año 2014,
cuando el 18 de junio ingresó el proyecto de “creación del servicio de
biodiversidad y áreas protegidas y el sistema nacional de áreas
protegidas”. El principal artículo que será el problema para Magallanes,
de aprobarse la Ley por supuesto, será en Art. 41 que señala lo
siguiente: “Concesiones en áreas protegidas del Estado. En las áreas
protegidas del Estado, sólo podrán otorgarse concesiones en beneficio
del manejo del área, cuyo fin sea la prestación de servicios en el marco
de proyectos de ecoturismo, investigación científica o educación”. La
consecuencia de este artículo será que las actuales concesiones
entregadas legalmente, deberán salir de esas áreas, lo que constituye
casi el 60% de las concesiones otorgadas en la región.
Pero
ese no es el único factor, puesto que a la industria salmonera se le
han aplicado las mayores sanciones por faltas y delitos
medioambientales, transformando a la justicia medioambiental en la menos
justa. Otro factor que profundiza la crisis es la decisión del
gobernador regional de excluir al sector salmonero de la conformación de
la Corporación de desarrollo de Magallanes, de excluirlos absolutamente
de su plan de Gobierno, señalando incluso su voluntad de “Aumento de
áreas silvestres protegidas”, y sumándose al plan de gobierno del actual
presidente Boric, quien señala en su programa de gobierno que “
Impulsaremos la tramitación expedita del proyecto de ley que crea el
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)”.
Llegamos a este punto con decisiones políticas, y entonces la solución debe ser política. Y la solución es la siguiente:
Que
cada Alcalde (esa) y su Concejo (las que lo decidan), declaren la
salmonicultura como una industria estratégica en su Pladeco, que el
gobernador regional defina a la salmonicultura como una industria
estratégica para el desarrollo regional, y que se formen equipos
regionales de fiscalización y apoyo a la industria, en paralelo que los
parlamentarios rechacen el proyecto de Ley presentado o, en su defecto,
que se presente una indicación que le permita a las regiones hacer esas
definiciones, y que todos los Magallánicos nos creamos el cuento de que
le podemos competir a Noruega y ser primeros a nivel mundial en
producción de salmón.