El escándalo que envuelve al director nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, tras la denuncia por el no pago completo de contribuciones de una propiedad no regularizada en la Laguna de Aculeo, ha sacudido los cimientos de la confianza pública y ha encendido las alarmas en todo el país. Lo que ha salido a la luz no es un mero error administrativo, sino una grave incongruencia que mina la credibilidad de una de las instituciones más sensibles del Estado.
Es incomprensible que el máximo fiscalizador tributario del país haya mantenido, por al menos nueve años, una situación irregular con su propia propiedad. La explicación de que las declaraciones se “perdieron” y que el proceso de regularización estaba en curso por tanto tiempo, carece de sustento cuando se espera que el director del SII sea el primero en predicar con el ejemplo. Este tipo de excusas, que quizás un ciudadano común no podría permitirse, sólo profundizan la percepción de que en Chile, la vara no mide a todos por igual.
En Magallanes, donde el pago de impuestos y contribuciones representa un esfuerzo significativo para familias, la noticia ha caído como un balde de agua fría. La indignación es palpable y transversal. No es sólo un asunto de cifras, sino de principios. ¿Cómo puede el SII exigir rigor y cumplimiento a millones de contribuyentes si su propia cabeza está envuelta en tales irregularidades? esto simplemente es una bofetada para los adultos mayores, familias de clase media y pequeñas empresas que mes a mes deben hacer esfuerzos enormes para cumplir con sus obligaciones fiscales.
La crisis va más allá de un individuo. Pone en entredicho la probidad administrativa y la necesidad urgente de una reforma profunda al sistema de avalúos fiscales. Las explicaciones posteriores del propio Etcheberry, sobre que la situación se actualizó tras la denuncia, no hacen más que confirmar que la regularización llegó tarde y bajo presión mediática, no por una iniciativa propia de cumplimiento.
Es imperativo que este caso sea investigado con la máxima celeridad y transparencia. Se requiere un sumario administrativo riguroso, que arroje luz sobre todas las responsabilidades. El futuro de la confianza en nuestras instituciones depende de que la justicia sea igual para todos, sin importar el cargo o el apellido. Sólo así podremos empezar a reconstruir lo que este escándalo ha resquebrajado.