La
justicia es representada por una mujer con una venda en los ojos
sosteniendo una espada en una mano y una balanza en la otra,
simbolizando poder y los debidos contrapesos de equidad y objetividad
sin distingo alguno, obviando el poder, la riqueza u otro estatus. Sin
embargo, en Chile tenemos la sensación (basada en hechos claros y
públicos) que la Justicia comúnmente se saca la venda y le hace un guiño
al poder y a la riqueza. El caso Macaya nos restriega una vez más en la
cara una realidad indignante, vulneradora y antidemocrática que en
Chile existe una justicia para ricos y poderosos y otra para los pobres.
Luego
de una extensa y documentada investigación Eduardo Macaya, empresario
agrícola, dueño del fundo Santa Elena, padre del senador y vocero de la
UDI Javier Macaya, fue condenado a la pena de 6 años de presidio por
abuso reiterado de menores de 14 años (si, en plural, y eso que la corte
desestimó delitos de abusos a menores de 7 y 8 años). Si bien el caso
está lleno de hitos de trato privilegiado (recordamos que pagando 150
millones ya había salvado de una prisión preventiva) y que la condena
tiene una pena reducida para la gravedad de los delitos, el país se
enteró con estupor e indignación que la corte de apelaciones de Rancagua
revocó la medida cautelar de prisión preventiva, permitiendo que el
abusador de menores espere en su domicilio hasta que la sentencia quede
ejecutoriada. El pederasta condenado Macaya alcanzó a estar pocas horas
preso, aunque no estuvo en celda sino en una sala con baño privado del
hospital institucional (Gendarmería abrió un sumario interno para
esclarecer los privilegios del condenado). Plop! Diría Condorito y la
única explicación posible es la cortesía al poder y el dinero, en
desmedro de la seguridad de las menores de edad, en desmedro de las
víctimas.
Lo
anterior ocurre sólo un día después que el senador Macaya haga una
defensa pública de su progenitor condenado a través de un canal de
televisión. ¿Coincidencia cree usted? Lo cierto es que el senador y
vocero de la UDI en forma irresponsable se dio el lujo de insistir en la
inocencia de su padre a pesar de haber sido condenado por la justicia,
se permitió hacer una defensa de la intimidad de su padre al haber sido
grabado sin consentimiento, sin importarle los derechos de las victimas
menores de edad abusadas (una de las cuales hizo la grabación para
demostrar los hechos), y tuvo la desfachatez de cuestionar la integridad
del video probatorio el cual ya había sido periciado y admitido como
prueba en el juicio. Seguramente habrá gente que pueda justificar el rol
de acompañamiento de un hijo a un padre, pero otra cosa muy distinta es
salir a defender un pederasta condenado y tratar de invalidar los
hechos ya probados.
Por
otro lado, no podemos permanecer indiferentes frente a la conducta del
hijo del pederasta considerando su función como senador. El legislador
en su entrevista ha intentado cuestionar a las víctimas y negar los
hechos ya probados. Su conducta no es solamente cuestionable sino
inaceptable. En su rol y representación política como senador y
presidente de la UDI (hasta ayer) tiene el deber de defender los
derechos de las y los menores, dando señales claras de respetar las
instituciones y los fallos judiciales, teniendo una posición clara en
defensa de las víctimas. Es al menos observable que la UDI, partido que
preside Macaya, haya guardado un silencio cómplice, a pesar que el
senador compromete posiciones políticas en la defensa de su padre (sólo
ayer martes algunas mujeres de Chile Vamos se pronunciaron tímidamente).
Recapitulando, ahora me acordé que la UDI no ha tenido un
comportamiento muy apropiado en estas materias.
Todos
debemos concordar que el abuso sexual infantil es un delito severo que
no debemos relativizar ni dejar pasar sin drásticas condenas. El caso
Macaya es un llamado de alerta a cómo el sistema judicial debe obrar
para proteger a las víctimas y lograr penas ejemplares, y es un llamado
al Poder Legislativo para corregir los errores observados para mejorar
los medios probatorios y lograr la protección de las victimas. De igual
forma, es un llamado a cada uno de nosotros para hacernos cargo de
acabar de una vez por todas con esta sensación justificada y documentada
de que la justicia chilena se saca la venda para favorecer a los ricos y
poderosos.