Vivimos
tiempos en que la democracia, como forma de relacionarnos en el espacio
público y en nuestras relaciones personales, está en peligro. También
como forma de gobierno que sirve a los ciudadanos y que satisface con
cierta claridad, las demandas más sentidas de los habitantes de nuestro
territorio. Pareciera que por más que vamos a las urnas, quienes son
electos no nos escuchan. Parecieran que las autoridades tienen agenda
propia y que se enzarzan en peleas políticas que sólo a ellos importa.
Está ocurriendo que cada día más, a los ciudadanos nos les interesa
quién o cómo se les satisface sus carencias socio económicas, Lo
importante es que sean efectivamente resueltas. Tenemos entonces
instalado en germen de la minusvaloración de la democracia. Porque
podríamos tener a una autoridad electa como mucha votación popular, pero
que a la hora de ejercer su cargo, se olvide en los hechos, de ayudar a
su comunidad. De a poco se va horadando la credibilidad en las
autoridades, arrastrando el prestigio de la democracia.
La
violencia, la delincuencia y la inseguridad instalada en nuestro país,
asociadas a bandas delictuales internacionales, está socavando la
democracia. Las autoridades de gobierno han sido incapaces de enfrentar
siquiera con suficiencia este flagelo. Estamos a merced de gentes que
presentan un alto desprecio por la vida humana. El cruento asesinato de
un oficial de Carabineros y el secuestro y posterior homicidio de un
opositor político venezolano, demuestran con claridad que los límites
han sido sobrepasados. Lamentablemente esto es un hecho objetivo y el
gobierno no da el ancho para combatir de manera efectiva esta debacle.
Adicionalmente,
estamos asistiendo a un ataque de una potencia extranjera. El Fiscal a
cargo de investigar el homicidio del opositor venezolano Ojeda afirmó
que “Sostenemos que esto se organizó y se solicitó el secuestro y
posterior homicidio del señor Ojeda desde Venezuela“ (diario electrónico
elmostrador.cl del 12 de abril recién pasado). Este es un hecho de la
más alta gravedad por ser un ataque directo a nuestras instituciones
democráticas. En una columna de algunas días atrás, señalé que las
bandas delictuales internacionales debían ser declaradas como bandas
terroristas y aplicarle las sanciones que la ley y la Constitución
establecen. Posteriormente en Bolivia a una banda delictual venezolana
se le dio el estatus de terrorista. Me parece que este es el camino que
el país debe seguir en el combate de estas bandas. Más aún si hace unos
días atrás, se dio la noticia que una banda delictual brasileña de suma
peligrosidad, podría estar también instalada en el país. Mientras todo
esto ocurre, el gobierno y los partidos que lo apoyan, están pre y
ocupados en que las policías midan su fuerza en los enfrentamientos con
quienes tienen desprecio por el país y por la vida humana.
Si
los ciudadanos perciben que la única manera de combatir la delincuencia
desatada es por medio de métodos de dudosa legalidad, podremos estar ad
portas de perder la democracia. Y todo ello gracias a políticos que en
sus púlpitos públicos pontifican en favor de la democracia y los
derechos humanos. Esta situación podría dar paso al ascenso al poder de
algún líder mesiánico con ideas fascistas, es decir, con ideas de
izquierda, que termine con la democracia liberal y de paso, con nuestros
derechos como seres humanos libres e iguales en dignidad y derechos
(como dispone nuestra actual Constitución Política).