Preocupación
han causado las declaraciones del gobernador regional de Magallanes y
Antártica Chilena en las que -ante la Política Nacional de Defensa de
Argentina ha- “solicitado” a la Cancillería “profundizar el trabajo” con
ese país. Esa “política de Estado” argentina pretende obtener “el
control” de ciertos “espacios compartidos”, ergo, el Estrecho de
Magallanes y Mar Magallánico.
El
gobernador regional ha afirmado que la nuestra “es la única Región
donde tenemos trabajos conjuntos con pretensiones antárticas
territoriales tanto argentinos como chilenos” (el subrayado es nuestro),
agregando que, él cree, “es muy importante para el país estar
colaborando, trabajando, pero también con mucha presencia entre los
ámbitos que nos corresponde a nosotros”.
El
uso de la expresión “pretensiones antárticas territoriales” es,
simplemente, reprochable en una autoridad política elegida. Más aún si
esa autoridad es el gobernador regional de Magallanes y Antártica
Chilena. Si el gobernador estuviera en lo correcto (si las nuestras no
fueran más que “pretensiones”), su cargo sería solo el de “gobernador
de Magallanes”. El asunto es preocupante si recordamos que el gobernador
fue, durante cuatro años, Intendente Regional y que, en ese cargo,
participó del Consejo de Política Antártica y de la discusión en el
Congreso sobre el Estatuto Antártico.
El
gobernador debe saber que Chile no tiene “pretensiones antárticas
territoriales”, tiene derechos soberanos. Así lo establece la ley, a la
cual todos los ciudadanos estamos sometidos.
Igualmente
decepcionante es que el Gobernador confunda su estatus con el
“Intendente Regional”. Esto al -en vez ejercitar la voluntad popular que
le confiere su investidura de autoridad elegida- meramente “solicitar” y
no “exigir” a la Cancillería que corrija lo que, él mismo, califica de
“gruesos errores”.
El
gobernador regional no es el primer “magallánico” en incurrir en este
tipo de errores de concepto. En Santiago están al tanto que este tipo de
opiniones las han expresado exintendentes e, incluso, a Directores del
Inach. ¿Se imagina el lector al gobernador de Santa Cruz o al gobernador
de la Tierra del Fuego argentina afirmar que la denominada “Antártida
Argentina” es de todos, o que “las Malvinas” no son de nadie?
Al igual que el lapsus linguae del gobernador, sorprende el silencio de los parlamentarios magalláncos.
No
sabemos que ninguno haya articulado una respuesta frente a la
aspiración argentina, no obstante que el tema ha preocupado a toda la
opinión pública. Nuestros representantes han guardado silencio, a pesar
de su “regionalismo”.
La
experiencia indica que “operarse del problema” explica por qué, aunque
desde 2009 son conocidas las pretensiones argentinas sobre millones de
kms2 de territorio submarino magallánico, la defensa de nuestra
integridad territorial sigue postergada.
Más
allá de las explicaciones de la Cancillería, lo concreto es que,
transcurridos 22 años desde que entró en aplicación la normativa
internacional sobre plataforma continental, y 12 años desde la
pretensión argentina, seguimos como en el tango: “fumando espero”.
Estamos
en presencia de un problema complicado que, si bien afecta nuestra
relación con Argentina, debe abordarse desde el punto de vista del
interés superior de Chile. Si la relación bilateral es importante para
nosotros, también es importante para Argentina: pregúntenle a Río Grande
y Ushuaia.
Todas
las autoridades deben asumir que Chile no tiene “pretensiones”, sino
derechos soberanos derivados de los “derechos históricos”, de derechos
asociados al descubrimiento de la Antártica (1820) y derechos
resultantes de la ocupación y uso permanente de los espacios polares.
Estos
derechos y nuestra continuidad geográfica nos asignan la condición de
“potencia polar”. Relativizar estos derechos soberanos no es solo
imprudente, sino contrario a la Ley Antártica.
Tenemos
derecho a esperar que el Gobernador Regional eduque a los ciudadanos, y
no los confunda con expresiones reñidas con nuestra tradición
histórica, política y jurídica.