Cada
año en nuestro país las personas en estado de dependencia van en
aumento, ya sea por el incremento en la expectativa de vida, debido a
enfermedades o discapacidad, o bien por situaciones ligadas a la falta o
la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial y que
precisan de la atención de otras personas para realizar las actividades
básicas de la vida diaria. Dicho apoyo es esencial para que las personas
dependientes puedan tener una existencia relativamente normal y digna.
En
muchos casos quienes realizan estas labores de cuidado son
profesionales de la salud, debidamente entrenados, quienes desarrollan
esta actividad de manera remunerada y en horarios de trabajo con
jornadas definidas y los correspondientes descansos y vacaciones. Pero
existe un número más grande y no precisado de personas que cuidan de
alguien más no como un trabajo formal, sino que como una labor que les
tocó asumir por distintas circunstancias y por la cual no solo no
perciben un salario, sino que además implica renunciar a su propio
desarrollo personal.
Según
diversas fuentes son las mujeres quienes, en su gran mayoría, asumen el
cuidado de personas en situación de dependencia. Son hijas, madres, o
esposas, en general, las que posponen su propia vida para dedicarla a
algún pariente. Se trata de una tarea diaria, extremadamente demandante,
que también tiene efectos sobre ellas.
Según
un estudio de Comunidad Mujer, un 85% de los adultos mayores son
cuidados por una mujer con quien mantienen algún grado de parentesco. La
misma publicación señala que “dos tercios de las cuidadoras no han
tomado vacaciones hace más de cinco años, cuidan a su familiar más de
doce horas diarias, no comparten el cuidado y se sienten solas,
sobrecargadas y sobrepasadas por su situación”.
Algo
similar señaló la doctora Claudia Miranda, especialista en
psicogerontología y directora del Instituto Milenio para la
Investigación del Cuidado (Micare), durante un ciclo de charlas
organizado por el Centro para la Comunicación de la Ciencia de la
Universidad Andrés Bello. Durante su exposición la profesional advirtió
que “si bien la evidencia que existe al respecto no es abundante, los
estudios arrojan que la mayoría de los cuidadores informales son
mujeres, con un promedio de 56 años de edad. El 44,5% son hijos de las
personas a quienes cuidan y el 33,6% son la pareja. El 43,4% tiene la
educación básica completa o menos, y sólo el 15,4% cursó educación
superior. Además, sólo un tercio de los cuidadores declara tener una
ocupación laboral remunerada”.
Miranda
agregó que “el 60% de los cuidadores informales tiene sintomatologías
depresivas, y el 67% sintomatologías ansiosas, mientras que el 65% tiene
sobrecarga intensa asociada al rol de cuidador. Tiene también un
impacto social, familiar y económico, ya que más de la mitad señala no
recibir ayuda en las labores de cuidado, el 12,7% dejó de trabajar, y el
47,3% disminuyó su jornada laboral. Además, el 66% indica que la
relación con la persona con demencia se ha deteriorado con el paso del
tiempo y en el transcurso de la enfermedad”.
Se
trata, en definitiva, de un problema social complejo y que, hasta
ahora, estaba bastante invisibilizado. Algo de eso esperamos se comience
a revertir a partir de la ley que despachamos esta semana y que este
viernes 5 de noviembre inauguró la primera conmemoración del “Día
Nacional del Cuidador Informal”. Es evidente que este reconocimiento por
sí mismo no solucionará los problemas descritos, pero constituye un
primer paso para reconocer a quienes han dado tanto. Como ley se suma al
derecho preferente de atención en salud, que ya aprobamos en el
parlamento y anticipa lo que esperamos sea el cuarto pilar de la
seguridad social -junto con salud, educación y pensiones- en nuestra nueva carta fundamental, los cuidados.