La
historia se construye de procesos. El problema con los políticos, sobre
todo los latinoamericanos tan embebidos siempre de un espíritu
mesiánico, es que siempre creen que esos procesos están a su servicio y
que ellos (y sólo ellos), saben adónde van y que pueden controlarlos.
Recuerde
a Allende y Fidel Castro hablando en Televisión Nacional de Chile en
1971 del “inevitable proceso histórico hacia el socialismo” o los
manifestantes de la Plaza de Tiananmén, que creyeron en 1991 que, así
como en la Unión Soviética y Europa del Este, había llegado la
democracia para una China que, prácticamente, jamás la conoció.
Sin
embargo, hay momentos cruciales en los cuales la historia se suspende,
los procesos convulsos guardan rabioso reposo por un instante, a la
espera de las grandes decisiones que conducen a una era de crecimiento o
una de caos.
A
veces esto lo desencadena un acto de gobierno, como la decisión del
Gobierno de Sebastián Piñera de aplicar el alza de los 30 pesos al
Metro, ignorando el precedente de la “Revolución de la chaucha”, o una
declaración, como aquella suscrita en agosto de 1973 por la Cámara de
Diputados en la cual ponía al Presidente Allende fuera de la ley, en
medio de la gravísima situación que afectaba al país con una inflación
superior al 700%… Días después, esas palabras serían invocadas por los
golpistas en el bando N°5 como una justificación de la dictadura que
cayó sobre Chile por 17 años.
Vivimos
tiempos históricos, y los ojos del mundo están fijos en Chile. Por
ello, lo que hoy se haga tendrá repercusiones en el atormentado país que
vivimos y donde crecerán nuestros hijos.
Pues
bien, este jueves, la Convención Constitucional aprobó una declaración
sobre las personas detenidas durante el estallido social, a impulso de
un amplio grupo de independientes y de la Lista del Pueblo. Ésta dice:
“La Convención Constitucional, sin pretender interferir, ni arrogarse
las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la
responsabilidad política de pronunciarse frente al país”.
En
concreto, piden la tramitación con la máxima celeridad del proyecto de
ley de Indulto General que está en el Senado y que el Ejecutivo le dé
suma urgencia tanto a esta iniciativa como al proyecto de Reparación a
Víctimas de Derechos Humanos. Asimismo, exigen el retiro de todas las
querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado y la
“inmediata desmilitarización del Wallmapu”, entre otros puntos.
La
declaración no es un ejercicio de la libertad de expresión de sus
integrantes, como habría sido una carta pública firmada por 105
constituyentes. No. Ésta es una declaración de la propia convención en
ejercicio de unas facultades de las cuales, en estricto rigor, carece.
Y
sin embargo, el documento refleja fielmente lo expresado por el
vicepresidente de la Comisión Constituyente, Jaime Bassa, cuando, a poco
de asumir su cargo, declaró: “Tenemos muy pocas atribuciones y tenemos
todas las atribuciones”.
Es
decir, la convención se nos aparece entonces como un súperpoder del
Estado y más grave aún, un ilusorio súperpoder, pues en el destrozado
cuerpo social de nuestro país, herido por el estallido social y quebrado
por la pandemia, la posibilidad de resolver todos los problemas
nacionales a partir de declaraciones o, incluso, de una nueva
Constitución es un delirio político, rentable a corto plazo, pero que
puede ser fatal a largo plazo.
Desde
fuera, el proceso constituyente iniciado esta semana ya empieza a ser
visto con preocupación, incluso entre más esperanzas tenían de ella. Una
de las figuras políticas más emblemáticas de la izquierda
latinoamericana, el expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica,
declaró: “Tengo miedo de que la Convención Constitucional se convierta
en una bolsa de gatos, que quieran resolver todas las penurias del
pueblo chileno con una Constitución. Una Constitución es un programa de
grandes líneas y objetivos, ¡no le pidamos más a la Constitución!”.
Sabias
palabras que la economía está acompañando con hechos. El dólar se
empina sobre los 753 pesos, a pesar del alto precio del cobre, y lo
mismo está pasando con los combustibles. También, las acciones del fondo
de pensiones E, anclado en títulos nacionales, no han paran de caer
desde comienzos de año. Si en enero este fondo creció 1,69 por ciento,
en los meses siguientes estas cifras se volvieron cada vez más rojas
hasta llegar a máximos impensados: – 6%, en abril; – 7%, en mayo y – 10%
en junio.
Y
es que la propia convención se equivoca cuando exagera su legitimidad,
más allá de todo límite. “Todos juntos vamos a refundar este Chile”,
proclamó su presidenta, Elisa Loncón, nada más ser elegida en el cargo.
En
momentos trascendentales, se requiere de prudencia y también un poco de
humildad revestida de grandeza, pues no está de más recordar que hubo
constituyentes independientes elegidos con menos del 1% del padrón
electoral y otros, como los constituyentes indígenas, elegidos en un
padrón aparte donde, en algunos casos, participó apenas el 20% de los
convocados a sufragar.
También
se equivocan los constituyentes cuando insisten en que en Chile hay
presos políticos, algo desmentido por José Miguel Vivanco, director de
Human Right Watch. “Para que se den las circunstancias de presos
políticos deberíamos estar en condiciones donde las personas sean
perseguidas por sus creencias religiosas, creencias políticas, disentir
al intentar publicar una opinión personal”, algo que a su juicio no es
lo que ocurrió Chile por lo que rechaza un indulto general a los condenados
por hechos de violencia durante el estallido social. “Quienes
cometieron delitos comunes deben responder ante la ley. No puede haber
un trato preferencial, especialmente si estamos hablando de delitos
graves”, sentenció.
Pero
los constituyentes no lo creyeron así y, arrogándose facultades que no
tienen, exigieron no sólo una ley de indulto sino además, la
“desmilitarización del Wallmapu”, un eufemismo que encubre el llamado a
la retirada de la presencia policial a ambos lados de la cordillera de
Nahuelbuta, esto es, en las regiones del Biobío y La Araucanía, las más
golpeadas por el “conflicto mapuche”.
Muchos
constituyentes creen que esto abriría las puertas a un diálogo sincero
con las organizaciones indígenas, el cual permitirá encontrar soluciones
al clima de violencia, muerte, destrucción y descomposición social que
allí se está produciendo.
Pero aquí también se equivocan
los constituyentes. Porque los que lanzan bombas Molotov e incendian
viviendas particulares, escuelas, iglesias, campamentos forestales,
empresas contratistas y vehículos de transporte, no son líderes
políticos, sino terroristas cada vez más violentos y conscientes de un
poder casi sin contrapeso, como lo demostró la reciente derrota de la
PDI en la “batalla de Temucuicui” o el secuestro y tortura de dos
mecánicos en Nacimiento, uno de los cuales pudo escapar mientras el
otro, también torturado, luego, fue asesinado y descuartizado.
Supuestamente, les habían robado armas y drogas a la comunidad.
Cierto
es que también hay mapuches muertos debido a la violencia de
Carabineros, como demostró el asesinato de Camilo Catrillanca por un
efectivo del GOPE, hoy procesado por homicidio calificado, pero,
entonces volvemos al mismo punto señalado por Mujica y que es la errada
pretensión de superar todos los males de Chile, a través de un cambio
constitucional.
Y
es que, lisa y llanamente, la Convención Constituyente no puede
arrogarse las facultades del Congreso, la Corte Suprema e, incluso, del
propio Gobierno, para convocar a una ley de indulto general y exigir,
además, “el retiro de las fuerzas policiales del Wallmapu”.
¿A quién ayuda ese gesto?, ¿a los constituyentes?, seguramente, ¿al país?, no, ¿a las víctimas de la violencia?, menos.
Se
me viene a la mente esa escena de El Señor de los Anillos, cuando
Frodo, el protagonista, le ofrece al mago Gandalf el anillo del poder y
éste lo rechaza, consciente de su debilidad. “Lo tomaría para hacer el
bien, pero conmigo adquiriría un poder desatado y terrible de imaginar”,
responde el mago.
Chile
y el mundo están conteniendo la respiración a la espera de ver qué
curso tomarán los acontecimientos en nuestro país, a la espera de las
decisiones del soberano constituyente, susceptible también de desatar
con su actuación, poderes desatados y terribles, fuera de control.
Por lo tanto, más que
nunca se requiere que la prudencia y la sabiduría empiecen a primar en
el actuar de los constituyentes. Uno de ellos, Arturo Zúñiga, en cambio,
afirmó que “lo único soberano hasta ahora ha sido el ridículo que ha
hecho la convención luego de cinco días sin trabajar en su único mandato
que es forjar una nueva Constitución”.
Ojalá, él se equivoque por el bien de todos.