Desde hace un tiempo los chilenos vivimos amenazados por el
narcotráfico, y la Región de Magallanes y Antártica Chilena no está
exenta de aquello. Los habitantes de La Araucanía viven atemorizados por
la violencia, los carabineros que han sido objeto de atentados, además
de tantos trabajadores de empresas que han visto afectada su fuente
laboral por los efectos de la violencia, merecen que se haga justicia. Y
ahora también nos damos cuenta de que nuestros camioneros de Magallanes
también sienten temor de
transitar por las rutas de la Novena Región. Y ante estas amenazas no
hemos recibido señales claras desde los diferentes gobiernos y desde
diversos sectores políticos, especialmente por parte de aquellos que
tantas veces contextualizan o directamente justifican las expresiones
violentas, o de quienes, para eludir las propias, generalizan las
responsabilidades a la sociedad toda o se limitan a pronunciar palabras
de condena, sin acompañarlas de acciones legislativas coherentes con la
gravedad de los hechos. Hoy pasear por el centro de Punta Arenas es
darse cuenta de cómo el vandalismo se apoderó de nuestras calles. El
orden público que permita a los chilenos vivir en paz es responsabilidad
exclusiva del Estado, principio que fue reafirmado por los firmantes
del Acuerdo por la Nueva Constitución y la Paz Social del 11 de
noviembre de 2019 y uno de cuyos protagonistas es precisamente hoy el
Presidente de la República, Gabriel Boric. Las políticas públicas para
fortalecer las capacidades del Estado para alcanzar eficazmente este
objetivo con el debido resguardo de los derechos humanos son
responsabilidad de la política, del Ejecutivo y del Congreso. Y en ese
sentido, el Estado en su conjunto y la política han fallado, al punto de
que urge enmendar el rumbo. Hay muchos chilenos
que perdieron la paciencia, porque está siendo muy difícil que podamos
volver a poner a Chile de pie. Si no nos ponemos de acuerdo y frenamos
esta violencia será muy difícil que tras esta pandemia logremos la
reactivación económica.