Las
leyes 21.073 -que definió la elección de gobernadores regionales a
partir del 11 de abril próximo- y 21.074 -que estipuló el
fortalecimiento de las regiones a través del traspaso de competencias-,
promulgadas en febrero de 2018, aspiran a lograr una descentralización
efectiva del país. En Magallanes y Antártica Chilena desde hace décadas
esto es algo que se anhela. Pero surgen muchas dudas. Un estudio del
Centro de Políticas Públicas de la PUC hace ver que son varias cosas que
no están bien resueltas. Incluso asuntos que no fueron mayormente
analizados en esas leyes pueden ser motivo de disputa. Por ejemplo, la
investigación demuestra que la distribución de los gastos de
funcionamiento de las distintas regiones no sigue una lógica replicable.
En parte, porque no hay un conjunto de parámetros conocidos que la
guíe. Para las autoridades que sean elegidas en octubre próximo este va a
ser, posiblemente, un motivo de controversia. Esto puede ocasionar
numerosos problemas una vez que se decrete la transferencia de
competencias a las regiones. Si bien ese proceso, que comenzaría en
2022, está acotado a las áreas de ordenamiento territorial, fomento
productivo y desarrollo social y cultural, la concreción del traspaso
supone la verificación de la disponibilidad de recursos económicos y
personal. Indudablemente que si hay errores en la determinación de los
costos que supone desarrollar las tareas que se les asignan a las
regiones, estas no podrán ser ejecutadas apropiadamente. No queda claro,
una vez traspasada la competencia, que se evitarán duplicidades ni cómo
impedir que ello se produzca, ya que hay que considerar que los
gobernadores regionales coexistirán con los delegados regionales
presidenciales. Además, es posible imaginar que la autoridad central
pueda estar insatisfecha con el desempeño de la autoridad regional en el
ámbito traspasado.