Diversos
actores han salido a gestionar y tensionar los diálogos, poderes,
instituciones y medios con la finalidad de acelerar la tramitación y
aprobación de los proyectos de hidrógeno verde. Los argumentos
esgrimidos son varios: una oportunidad con tiempos definidos, apalancar
inversión, desarrollo sustentable de la industria nacional, reconversión
de la matriz energética y contribuir a mitigar los gases de efecto
invernadero. Lo cierto es que muchas de esas ideas son compartidas por
gran parte del mundo social, político y empresarial; sin embargo, cuando
se pone en contexto la posibilidad de relativizar las evaluaciones
ambientales o hacerlas menos exigentes (dentro de la normativa vigente)
somos muchos los que manifestamos nuestra oposición.
El
presidente Boric ha manifestado públicamente que el “avance del
hidrógeno verde es una política de Estado”, por ello se tramita con
urgencia la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, como
una forma de relevar lo técnico y reducir los plazos de tramitación de
los proyectos. En este aspecto, mientras lo central sea la evaluación
técnica de los proyectos y el fortalecimiento de la participación
ciudadana, con los tiempos apropiados para ello, eliminar instancias de
evaluación política, más propias de la transición y adecuamiento de la
legislación ambiental, luego de 30 años, parece una reforma apropiada,
que no afecta la evaluación y no perjudica el objetivo de proteger el
medio ambiente. Esta opción es mucho más sensata que la posibilidad,
aunque contemplada en la ley, de dar tramitación con “calificación de
urgencia” a los proyectos. Se debe buscar la reducción de plazos, pero
sin dañar la calidad de la evaluación, manteniendo altos estándares de
protección. En todo caso las causas de los tiempos excesivos de
tramitación se encuentran principalmente en la suspensión de plazos (por
problemas en la calidad de los estudios) y en la judicialización de los
proyectos.
Apalancar
inversión, dar alternativas de desarrollo a los territorios y generar
nuevos empleos son parte del deber de todo gobernante. Magallanes tiene
ventajas comparativas para los proyectos de hidrógeno verde por la
calidad de sus vientos. De igual forma, nuestra región es reconocida
mundialmente como una reserva de patrimonio natural y cultural, por su
paisaje, historia, pueblos originarios y ambiente prístino. Conjugar lo
anterior en un proyecto de desarrollo sustentable es el mayor de
nuestros desafíos. Magallanes requiere diversificar su matriz
productiva, generar empleos bien remunerados y tener un plan de
desarrollo que asegure bienestar y estabilidad, pero para ello se
requiere una mirada integral del territorio y sus potencialidades. Los
proyectos de hidrógeno verde en Magallanes se despliegan sin ningún
marco regulatorio establecido y se improvisa en forma inorgánica en la
medida que se avanza. Sin una adecuada planificación territorial la
posibilidad de convertirnos en áreas saturadas es altamente probable,
con los consecuentes problemas ambientales. Preocupa de sobremanera que
autoridades avalen y fomenten este tipo de instalación.
Reconvertir
nuestra matriz energética, basada en gas y petróleo, y contribuir a la
disminución de los gases de efectos invernadero, es una política
aprobada del Estado de Chile y un desafío permanente para los países del
orbe. Evitar las temperaturas críticas del actual cambio climático
global requiere esfuerzos decididos y urgentes, para evitar daños
irreversibles en el planeta. Ante una batalla que parece perdida los
proyectos de hidrógeno verde se han levantado como una alternativa a la
descarbonización en todo el mundo. En este sentido, los proyectos de
hidrógeno verde serán una contribución en Magallanes en la medida que
puedan participar en entregar de forma obligatoria energía renovable a
la matriz energética de la región.
En
este contexto, dar luz verde y acelerar los proyectos de hidrógeno en
Magallanes parece ser una idea poco viable y apropiada. Hay mucho aún
por dilucidar y planificar. El desarrollo de la industria del hidrógeno
requiere con urgencia planificación territorial y lineamientos que la
regulen para encontrar un adecuado desempeño ambiental. Sin estándares
mínimos de ordenamiento del territorio no es descabellado pensar que de
concretarse gran parte de los proyectos en las condiciones actuales
corremos serio riesgo de saturación.