Durante la semana fuimos
vergüenza internacional por los Pandora Papers, y la presencia de uno
de los empresarios con el peor prontuario especulativo y de evasión y
elusión de impuestos en el país, el mismismo Presidente de la República,
Sebastián Piñera. Como esta noticia explotó a principios de semana, no
podía terminar la misma sin otra noticia que demuestra la inexistencia
de una política de justicia social en Chile. Los vendedores de gas
licuado y gas natural investigados por los precios de venta y las
increíbles utilidades, pasando por sobre la Ley.
En
el primer caso de corrupción, un contrato que pone como condición el
“no cumplir con su función como Presidente y funcionario público”, para
beneficiar a su familia y su mejor amigo. Las frases como “no he
conversado con mis hijos de este tema y menos con mi mejor amigo”, no
las cree nadie. Es de esperar que el Parlamento lleve adelante la
acusación constitucional contra el Presidente, la que debería estar
basada en la infracción al principio de probidad, establecido en el
artículo octavo de la Constitución, y el segundo fundamento será haber
comprometido gravemente el honor de la patria, aunque dadas las leyes y
mecanismos legales que imperan en Chile es muy probable que Piñera salga
sin pena judicial de este episodio, como ocurrió con decenas de
empresarios y financistas chilenos ligados a confabulaciones para
fijación de precios, financiamiento ilegal de políticos y partidos,
fraudes al Fisco, pasada de dineros a legisladores para que aprobaran
leyes a beneficios de corporaciones privadas y otros delitos financieros
y fiscales.
Y
si de empresarios corruptos hablamos, Piñera no es el único en la
lista, porque ahora tenemos que sumar a los vendedores de gas licuado y
gas natural, los que se han llenado los bolsillos encontrando la maña en
la Ley para estafar al pueblo Chileno. En un informe lapidario sobre el
mercado del gas, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) dio todo un golpe
a la cátedra y recomendó prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas
participen en la distribución de gas licuado a los consumidores y
propuso cambios regulatorios al negocio para que baje el precio de gas
licuado y gas natural para los consumidores. La FNE calculó que,
producto de la baja intensidad competitiva en el mercado del GLP, en ese
período los distribuidores mayoristas de este insumo han aumentado su
margen anual de un 35% a un rango de entre 50% y 55% aproximadamente, lo
que equivale a US$ 261 millones anuales de manera agregada. Eso, a su
vez, se ha traducido en un precio adicional de US$ 181 millones cada año
en la compra de GLP para los consumidores finales desde finales del
2014. Esto es equivalente a aproximadamente 15% del precio actual de
venta al público de cada cilindro de gas licuado.
Y
los parlamentarios de este país observan con una tranquilidad
incomprensible cómo unos pocos delincuentes nos roban a manos llenas,
sin que tengan un castigo de verdad, porque las clases de ética no lo
son.