¿Hasta cuándo los políticos quieren eternizarse en sus cargos?

¿Se
acuerdan de la ley que limitaba la reelección de autoridades públicas?
Ello fue aprobado definitivamente el miércoles 4 de junio. Meses más
tarde se aprobaría mantener las inhabilidades para postularse a otros
cargos. Pero de qué ha servido todo ello, si a pocas horas de que el
domingo pasado la ciudadanía diera una contundente
aprobación a la creación de una nueva Constitución, excluyendo en parte a los mismos políticos,
por ejemplo con la venia a la Convención Constituyente y no la mixta,
el lunes a primera hora fueron los mismos políticos quienes presentaron
una nueva iniciativa para que se les permita una reelección más, pese a
que la ley se los impide.

Es
una sinvergüenzura. A un año del estallido social, no han aprendido
nada. Algunos congresistas señalan haberse enterado por las redes
sociales del ingreso de este proyecto de ley que permite a quienes
ostentan cargos públicos volver a reelegirse, cuestión que va en contra
de la legislación actual aprobada en julio de este año.

Fue
la investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP), Macarena
Ripamonti, quien dio a conocer el ingreso del proyecto de ley: “¿Se
acuerdan de la ley que limitaba la reelección de autoridades públicas?
(alcaldes, gobernadores, parlamentarias) RN y un DC acaban de ingresar
un proyecto de ley para saltarse los efectos y permiti
rse una reelección más. El Gobierno le puso suma urgencia. ¿Hasta cuándo?”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

La
propuesta fue ingresada el pasado 23 de octubre y patrocinada por los
diputados de Renovación Nacional (RN) Karin Luck, Diego Paulsen,
Leopoldo Pérez, Frank Sauerbaum, René García y Jorge Rathgeb, quienes
contaron con el apoyo del Demócrata Cristiano (DC), Gabriel Silber. En
otras palabras: ¡Se pasaron!

En
julio pasado, los diputados les habían cerrado la puerta a quienes
quieren eternizarse en el poder, causando la ira de algunos senadores
que se niegan a dejar el cargo, como por ejemplo un honorable de
Magallanes que quiere estar 24 años en el Congreso.

Lo
ocurrido en junio pasado fue la primera y potente señal que se da en
respuesta a las principales demandas del estallido social del 18 de
octubre pasado y no puedo borrarse de la noche a la mañana. Fueron 133
votos en favor de decirle ¡no a la eternización en el poder!, dando un
importante paso para lograr acuerdos vitales, que mejoren la convivencia
en nuestro país.

Y,
¿qué hacen los sinvergüenzas? ¿Quieren insistir en mantenerse en sus
cargos? Olvídense, la ciudadanía despertó y no lo va a aguantar.

Con
el límite a la reelección se termina con los caudillismos políticos. Se
le dice ¡no más! a aquellos que por décadas han querido permanecer en
el confort placentero de vivir a costa de un cargo político.

Lo
que se debe hacer marginando a los políticos de siempre es descomprimir
un ambiente tenso que llevamos por más de un año, derivado por la queja
del ciudadano de a pie acerca del aprovechamiento político de muchos
personeros que han vivido del parlamentarismo.

Una
semana antes de lo ocurrido en junio, el 27 de mayo los senadores se
habían reído de todos aprobando el límite, pero absteniéndose de la
retroactividad. La gente quería renovación en la política y anhelaba que
no se siguieran burlando.

Quienes
anhelan mantenerse en sus cargos hacen oídos sordos a la ciudadanía,
porque a ellos el ciudadano no les importa, porque son mezquinos y velan
por sus propios intereses.

Hay
muchos “honorables” en ejercicio que se resisten a dejar el hemiciclo,
junto a sus familiares obviamente, porque han hecho de eso su forma de
vivir.

Un
total de 96 alcaldes, 13 senadores y 37 diputados actualmente en
ejercicio no podrán presentar sus candidaturas para las próximas
elecciones y eso al parecer sigue molestando a algunos.

Después
de eso vino el show en la Comisión Mixta de la Cámara de Diputados
respecto de la reforma que se quiso instaurar y que permite levantar
las inhabilidades para que las autoridades puedan competir en otro cargo
de representación popular y que se insistió hace pocos días, pero ahora
levantando restricciones a alcaldes, concejales y consejeros
regionales.

En pocas palabras: ¡Impresentable!

Pero
bueno, es otra lección más que nos dan nuestros queridos honorables,
ahora con la venia del Gobierno, que como premio de consuelo quiere
instalar en otros cargos a políticos que llevan décadas viviendo de la
“función pública” y que partieron con humildes negocios familiares y hoy
son millonarios.

De
prosperar la iniciativa, tanto los futuros gobernadores regionales como
consejeros regionales (cores), alcaldes y concejales podrán ser
candidatos en una elección primaria o definitiva de diputado o senador, y
solo cesarán en su cargo una vez que inscriban su candidatura en el
registro del Servicio Electoral (Servel), es decir, 90 días antes de los
comicios.

Para
muchos es una burla más de aquellos que quieren aferrarse al poder y es
un signo más del desprestigio de la política, esa “vieja política” de
puertas cerradas y que terminó por aburrir a gran parte del país, porque
son los propios protagonistas de esto quienes se niegan a abandonar una
actividad lucrativa y un negocio redondo.

Así
es como poco más de un año antes de las grandes elecciones de noviembre
de 2021 comienza a tejerse un traje a la medida de muchos, que deja
casi en el olvido el gran logro de poner fin a la reelección y que
terminaba con muchos políticos añosos que llevan más de una década
usufructuando de grandes sueldos y que pretenden seguir haciéndolo por
varias décadas más.

Los
principales impulsores de todos estos proyectos son aquellos malos
perdedores del límite a la reelección, que pretendían seguir siendo
reelectos eternamente e instalando caudillismo en diversas zonas del
país.

A
la “clase política” le hace falta mucha clase. Sin duda han sido los
más afectados desde el estallido social del 18 de octubre pasado y ni
siquiera con el reciente plebiscito del domingo pasado han aprendido
lecciones.

Las
encuestas sitúan a los parlamentarios, por ejemplo, incluso por debajo
del Presidente de la República y de los partidos políticos.

Hace
un año la población se manifestó, porque se siente desprotegida. La
gente se aburrió de la desigualdad. La gente está molesta de que los
mismos políticos, a los que cada cuatro años se les confía con un voto,
no hagan nada por ellos para mejorarles la calidad de vida.

A
más de un año del estallido social nos damos cuenta de que la
desconexión total entre la “clase política” y la ciudadanía se mantiene.
Porque de lo contrario los mismos políticos habrían realizado anuncios
consistentes, que ayuden a mejorar la vida de las personas. ¿Y? ¿Qué han
hecho? Nada, nada por usted, nada por mí, nada por nadie, solo por
ellos, velando por sus interese personales y anhelando mantenerse en sus
cargos, ya que ello les reporta millonarias ganancias.

Porque
son los mismos de siempre. Son los mismos que nos aparecían en la
papeleta de votación en la década de 1990 y que casi 30 años después
siguen ahí, con las mismas intenciones de querer seguir dirigiendo
nuestras vidas.

En
este año que ha transcurrido desde el 18 de octubre de 2019, ¿usted ha
escuchado a algún parlamentario sentir un grado de culpabilidad de lo
que pasó? Nada, se esconden en reunión tras reunión y en desviar las
reales necesidades.

¿Alguno
de aquellos políticos ha salido a defender a las víctimas magallánicas
del vandalismo? Ninguno. Porque están más preocupados de ellos mismos.
De ver en qué forma se ubican ahora, en este nuevo escenario con nueva
Constitución incluida.

Pero
ninguno ha manifestado su intención de dar un paso al costado, de
retirarse de la primera línea política, porque esa misma primera línea
política los protege y les entrega grandes regalías para seguir viviendo
felices, mientras miles de magallánico
s
tienen que luchar a diario para llegar a fin de mes. Ahí tiene el caso
de aquel senador que ya no podrá ser senador, pero que anunció a los
cuatro vientos que va a ir de candidato a diputado (ya que tampoco se
podrá postular a gobernador regional) y que pretende instalar a su hijo
que hoy es diputado en el Senado. En otras palabras, un enroque que la
ley se los permite: I-M-P-R-E-S-E-N-T-A-B-L-E.

El
estallido social partió con el objetivo de pensiones dignas, mejores
sueldos, salud de calidad, costo de vida más bajo, medicamentos más
baratos, no más abusos, colusiones y rebaja en los sueldos de los
parlamentarios. Y fueron los mismos políticos de siempre los que
derivaron esto solo en una nueva Constitución, que a la larga los
terminará igual legitimando a ellos, porque van a querer seguir ahí,
viviendo de lo que les pagamos todos los chilenos.

¿Y la gente? Nada, vuelve a estar de brazos cruzados.

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