Durante
el último año, hemos sido testigos de cómo las telecomunicaciones han
sido claves para mantenernos conectados con nuestros familiares y
cercanos, mantener activa la economía a través del teletrabajo, y que
niños y adolescentes sigan estudiando.
De
la misma forma, vemos también cómo existen muchos lugares en Chile
donde no existe la infraestructura digital necesaria para que esto sea
una realidad transversal. De acuerdo con el estudio “Diagnóstico sobre
las Brechas de Inclusión Digital en Chile” del Banco Interamericano de
Desarrollo, BID (2021), de cada 100 habitantes de zonas urbanas, 76,1
usa internet, proporción que baja a 46,6 en zonas rurales. Ahora bien,
no tenemos que confundirnos, porque esto no ocurre solo en localidades
aisladas, sino que también en grandes ciudades vemos una brecha de
acceso a lo digital.
Una
conectividad robusta pasa, necesariamente, por el desarrollo de
infraestructura que le dé soporte, que esta infraestructura sea neutral y
compartida, optimizando su capacidad y haciéndola más amable con el
entorno. Lo anterior no solo contribuye a reducir la brecha digital,
sino que también va de la mano con el objetivo del Gobierno de triplicar
la cantidad de antenas existentes, alcanzando las 60.000 que se
requieren para enfrentar de buena manera la llegada del 5G.
Sin
embargo, hoy la necesidad de ese despliegue, que a todas luces es
urgente, choca con los plazos de tramitación para su implementación. En
la actualidad, los trámites para que un sitio de telecomunicaciones esté
instalado y operando se demoran cerca de un año y medio; en otros
países de Latinoamérica (como Perú o Colombia) ese tiempo es de solo dos
meses.
En
ese contexto, un reciente estudio de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) identificó las áreas prioritarias
de trabajo para dinamizar el despliegue de telecomunicaciones en Chile.
Entre sus hallazgos, destaca que existen barreras para este despliegue
tales como las múltiples entidades que participan en el proceso de
obtención de permisos para el despliegue de antenas, con una excesiva
cantidad de requisitos, procedimientos, permisos diversos y plazos
extensos. A esto, se suma que aún persisten temores en comunidades sobre
supuestos efectos en la salud generados por antenas, lo que también
ralentiza su implementación, pese a que el mismo informe señala que la
legislación chilena, en cuanto a emisiones radioeléctricas, se ubica
dentro de los cinco países más restrictivos de la OCDE.
Frente
a estos temas, el documento de la OCDE recomienda disminuir las
barreras regulatorias, la implementación de mecanismos de apelación a
los permisos no otorgados por las Direcciones de Obras Municipales;
iniciar una campaña nacional para asegurar una mejor comprensión de los
efectos en la salud de la radiación no ionizante de las antenas para
reducir las preocupaciones de la ciudadanía; e implementar un Sistema
Nacional de Transferencia de Información, con un inventario de todos los
activos del Estado (por ejemplo, edificios públicos) que se pueden
utilizar para el despliegue de infraestructura de comunicaciones.
Creemos que avanzar en estas recomendaciones es clave para que los beneficios de la conectividad
lleguen a todos los rincones del país, y para que escenas como la de
estudiantes en cerros o sobre los techos de sus casas para lograr
conexión no se vuelvan a repetir.