Desde
hace tiempo que se discute en nuestro país si el Estado debe participar
directamente en actividades económicas, debate que se ha reabierto a
propósito de la Empresa Nacional del Litio. La intuición de quienes
promueven el estado empresario no tiene que ver solo con una cuestión de
propiedad (los dueños somos todos), sino que también de beneficios
económicos, ya que todo lo que se quedaría el privado pasaría a las
arcas fiscales.
Sin
embargo, la realidad demuestra que esto suele no suceder en la
práctica, ya que en nuestro país las empresas públicas usualmente no
entregar resultados que proclaman sus promotores. En términos simples,
esto sucede porque las empresas estatales suelen estar mal
administradas, ya sea porque la designación de sus ejecutivos es
utilizada como premio del gobierno de turno al compadre político sin
pega y/o porque en las decisiones priman criterios políticos por sobre
los económicos.
Partamos
con Codelco y el denominado “sueldo de Chile”. De acuerdo con
información del Diario Financiero, la deuda de Codelco asciende hoy a US
$34 mil millones. Esta cifra tan brutalmente elevada que si no es
puesta en contexto parece un solitario número flotando en el espacio.
Los pasivos de Codelco equivalen hoy a la construcción de 340 hospitales
de alta complejidad (considerando los US$ 100 millones que costaría el
nuevo Hospital Regional de Antofagasta) o a que cada chileno deba un
total de US$1800 (poco más de un millón y medio de pesos). Esta última
comparación se convierte en más que una metáfora si consideramos que
todos los chilenos somos los “accionistas” de Codelco.
Algo
similar ocurre con la Empresa Nacional de Minería (Enami) la cual hasta
junio del 2023 había perdido US$108 millones, superando con creces los
US$21 millones perdidos el año pasado. Todo esto en un enrarecido
ambiente donde, según consigna BíoBío, se recontrató a dos subgerentes
luego de que, tras una auditoría por una serie de irregularidades,
fuesen despedidos e indemnizados con $850 millones.
Ahora
volvamos a la denominada Estrategia Nacional del Litio (ENL) promovida
por el gobierno. A través de la ENL, una empresa estatal, se busca
impulsar la industria del litio. Curiosamente esta política será
liderada por – ¡sorpresa! – Codelco y Enami, que se transformarían en
algo así como la Empresa Nacional de la Deuda. Todo esto en un contexto
en el que, desde que la ENL fue anunciada en abril de este año, el boom
del litio se esfumó y su precio bajó más del 70% desde su máximo
histórico. Sin embargo, más allá del precio del mineral, con los
antecedentes que tenemos, es probable que suceda lo siguiente: cargos
para los amigos, deuda para los chilenos y aún más miseria para quienes
necesitan los recursos perdidos.
Los
partidarios de este tipo de empresas señalan que el Estado no tiene por
qué ser un botarate, y que es posible reformar el gobierno corporativo
de estas empresas y hacerlas eficientes. Pero esto choca nuevamente con
la realidad. Las empresas del Estado vienen perdiendo plata hace mucho
tiempo, sin que nadie le ponga un alto. Entre otras, se encuentran TVN
(que gastó una millonada en una versión partisana del gobierno de
Allende en el contexto de los 50 años, que nadie vio), Ferrocarriles y
Correos. Y esto ocurre porque los gobiernos son malos para atarse las
manos, lo que en este caso significa perder la posibilidad de darle un
premio al amigote político o de utilizar las pocas empresas que tienen
números azules –como hoy Enap– para retirar utilidades que irán a parar
quizás dónde.
Por
lo tanto, a los talibanes de las empresas del Estado deberíamos
exigirles que antes de embarcar al país completo en nuevos proyectos
millonarios, demuestren primero que estas empresas pueden funcionar para
todos. De lo contrario será otro botadero de plata pública que debiese
ir destinada a los que más la necesitan. Algo similar sucede con la
discusión tributaria. Demuestren primero que los recursos no se irán a
fundaciones de los amigos del gobierno o a financiar empresas estatales
desfondadas y después hablamos de impuestos. Es lo mínimo.