Una
infinidad de artículos contiene el borrador de la nueva Constitución y
cuyo contenido, no ha dejado, imagino, a nadie indiferente, porque
contempla una serie de ideas que, lejos de ser “innovadoras” lo que, en
la práctica harán, es dividir aún más al país, a los chilenos. De eso,
no hay duda, lamentablemente.
Este
borrador no es representativo para todos los chilenos, sino sólo para
un sector, como son los pueblos originarios. Sin tener nada en contra de
las étnias, estamos contentos de que ellos estén, de alguna forma
representados, sí hay una sobre representación, dejando disminuidos al
resto de los chilenos.
Somos
un solo país y, ese país, tiene que ser Chile. No me parece que seamos
un país Plurinacional, porque siempre hemos sido un solo país y, eso,
significó mucho esfuerzo para lograr serlo y tenemos que mantener esa
línea.
Hay
que recordar las palabras de Elisa Loncón, pronunciadas el 4 de julio
en su primer discurso como presidenta de la CC. “Esta Convención
transformará a Chile en un Chile plurinacional, un Chile intercultural”.
Y se cumplió, en el borrador esta idea que está claro que las
comunidades indígenas siempre han estado detrás de esa reivindicación
que divide a Chile. Y, por supuesto, que los grupos de izquierda al
interior de la Convención Constituyente, más preocupados de tener
aliados para que los políticos cercanos consigan votos en cada elección,
se instalaron en la primera fila a defender esta propuesta.
De
hecho, se aprobó que el Estado deberá tener un “mecanismo preferente”
para la restitución de tierras a pueblos indígenas. “La propiedad de las
tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá
instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización,
demarcación, titulación, reparación y restitución”, señala el segundo
párrafo del artículo 21.
Ya
hay quienes han manifestado que ese articulado puede que, al final de
cuentas, transformarse en un incentivo a usurpaciones violentas,
generando hectáreas improductivas y un enorme gasto público en compra de
tierras”.
Y
donde se ha levantado la polémica es en el artículo número 20 sobre
expropiación, en el que se indica que el Estado deberá pagar un “precio
justo” sobre la propiedad que se expropie y que el pago se debe hacer
antes de la posesión del terreno en cuestión. El problema surge, de
inmediato, por la siguiente razón: ¿quién determina y fija el precio
justo? Sobre eso, no hay claridad y se puede transformar en una “bolsa
de gatos” y en una seguidilla de estafas y varios llenándose los
bolsillos, dejando a otros en una situación económica escuálida. ¿Se va a
fijar a través del avalúo Fiscal?, ¿va a ser dependiendo del valor del
mercado?, ¿el valor es sólo del terreno y qué pasa si hay edificaciones,
me las van a pagar?
Uno
se pregunta también, ¿por qué un chileno que pagó no tiene derecho a
mantener su propiedad?, ¿o acaso, los chilenos vamos a estar en una
clasificación menor en comparación a alguien que es de los Pueblos
Originarios?
Yo
nací en esta misma larga franja de tierra y creo tener los mismos
derechos que puede tener cualquier otro ciudadano y que no lo estoy
teniendo, porque nadie me da, ni el Estado me subsidia un terreno, ¿por
qué se lo subsidia a otro?
Todo
esto, va a implicar un gran desorden. Pienso en la región de
Magallanes, un poco más arriba desde Puerto Natales hasta Laguna Blanca
serían territorios indígenas que van a tener su propia legislación, pero
también va a estar igual afectada por el sistema jurídico chileno.
Hay
que buscar la representación del pueblo chileno, pero entendiendo por
tal a todos los que, hoy día, convivimos en esta nación y hemos nacido
en esta larga faja de tierra.