El
senador Huenchumilla, anuncia que los parques nacionales serán
entregados en administración a “los pueblos originarios”
prioritariamente a mapuches.
Un
estudio de Libertad y Desarrollo nos indica que, desde la promulgación
de la Ley Indígena, el Estado de Chile -osea todos nosotros- ha gastado
una suma cuyo piso es 800 mil millones de pesos. Si actualizamos por
IPC, la cifra es mucho mayor. Esta ley maldita, es parecida a la reforma
agraria, en la cual el Estado de Chile usurpó 10 millones de hectáreas a
sus legítimos dueños.
La
Ley de Reforma Agraria no hizo propietarios, destruyó la agricultura
chilena y sembró odio y división en el campo chileno. Gracias al
gobierno militar, la tierra fue devuelta de manera parcial a sus
legítimos dueños. Todos los estudios económicos serios indican que la
experiencia chilena fue un desastre. A partir del 73 el campo chileno
recuperó su dignidad y la apertura al comercio internacional, permitió a
nuestro país transformarse en un actor mundial relevante en frutas,
vinos y agroindustria en general.
Como
los gobiernos y los legisladores no aprenden de las experiencias
fallidas, la Ley Indígena vino complicar la vida a los habitantes de la
macrozona sur. En las últimas dos décadas, e incentivados por un Estado
inepto y una legislación absurda, se crearon miles de nuevas
comunidades, la mayoría fraudulentas. Se permitía a personas con
porcentajes ínfimos de sangre mapuche acceder a la creación de nuevas
comunidades y a los beneficios que el Estado de Chile les otorga de
manera discriminatoria, en perjuicio de los chilenos comunes y
corrientes. Con la Ley Indígena, el Estado ha comprado decenas de miles
de hectáreas de tierras a muchos agricultores que han sido hostigados
por comunidades vecinas o por grupos de personas violentas. No ha
existido control alguno de la productividad de las tierras asignadas a
las comunidades. La tierra recibida no se puede hipotecar, no se puede
vender y no se puede subdividir. Adicionalmente, las entregas de tierras
han permitido el aumento exponencial de robo de madera, violencia,
atentados incendiarios y una caída en la inversión en la región.
Existen
conversaciones transversales, las que se encaminan a seguir entregando
tierra a supuestos herederos y antiguos “propietarios” de tierras,
después transferidas legalmente. El seguir entregando tierras a sus
demandantes, solo agravará el problema pues es un incentivo a que nuevos
“interesados” presionen de manera interminable al Estado de Chile para
que éste siga adquiriendo tierras. No hay que ser muy inteligente, para
concluir que los incentivos han estado mal puestos. La famosa deuda
histórica con el pueblo mapuche, ha derivado en profundizar el problema.
Chile es un país mestizo, la mayoría de los chilenos algo tienen de
origen español, alemán, italiano, francés, croata, sirio, palestino,
mapuche etc. etc.
Lo
que requiere la macrozona sur es seguridad e inversión. La entrega de
tierras no resuelve ninguno de los dos problemas. El rechazo al
mamarracho constitucional, fue una prueba contundente de que los
chilenos vivimos en país único e indivisible. Respetando la cultura
diversa y las creencias de cada uno, ya es la hora de dar vuelta la
página a situaciones acaecidas hace más de 100 años. La ley Indígena
debería derogarse y que el Estado lleve adelante un plan serio de
mejoras en infraestructura en la Araucanía. No deben dentro de Chile
existir enclaves inaccesibles, ni en el campo ni en las ciudades. La
propiedad colectiva de la tierra no funciona. Ejemplos hay por miles en
todo el mundo. Al ojo del amo engorda el ganado, aunque la ONU quiere
eliminar a los ganaderos y a su ganado.
Lo
más grave es que por de la Ley Indígena, las demandas de tierras se han
extendido a las regiones del Bío Bío, de Los Ríos y de Los Lagos. Como
además el gobierno y sus tentáculos incentiva usos de banderas y
símbolos en nuevos lugares, todo eso va aumentando el problema, pues
muchos se aprovechan de los beneficios del Estado (que realmente son
originados por los contribuyentes). En torno a la macrozona ha
proliferado el negocio de la seguridad privada, de las cámaras, las
alarmas y todo tipo de actividades que se generan a partir de la
inseguridad reinante. Sería importante que Libertad y Desarrollo midiera
de manera objetiva lo que ha sucedido en los predios entregados por el
Estado a las comunidades.
Sería
bueno saber datos tales como ¿has. sembradas y rindes? ¿nueva
infraestructura productiva? ¿indicadores es de seguridad? ¿niveles de
empleo en cada comunidad? ¿Cuántos trabajan fuera de la comunidad?
¿Cuántos de los receptores de beneficios viven en Santiago?. Las
preguntas son muchas y la información es poca. Según las autoridades de
Conadi: “La Ley Indígena 19.253, promulgada el 5 de octubre de 1993, ha
sido una de las conquistas más importantes para los pueblos indígenas,
recogiendo en gran medida los planteamientos formulados por sus
organizaciones durante largos años”.
La
realidad indica que ha sido un total fracaso. Aunque algunos de los
autores intelectuales de estas malas leyes ya no están vivos, aún hay
seguidores y defensores de esas leyes que dañan a Chile y a sus
habitantes. En momentos en que Chile atraviesa por una severa crisis
económica, sería mejor priorizar de mejor forma el gasto fiscal.