La
semana pasada tuvo lugar la elección de consejeros constitucionales, un
hito fundamental del proceso constitucional en curso, cuya fecha de
término es el próximo 17 de diciembre. En poco menos de un mes, los
consejeros comenzarán a ejercer sus funciones y, en ese contexto, me
parece oportuno hacer algunos comentarios con respecto al rol y
funciones que debe tener un texto constitucional.
En
primer lugar, cabe decir que una Constitución tiene dos grandes
dimensiones: una política, que refleja un acuerdo básico sobre las
reglas de convivencia y principios que deben guiar la vida en sociedad; y
una dimensión jurídica, dado que se trata de un conjunto de normas que
gobiernan el actuar del Estado y las personas (tanto en su dimensión
individual como organizados dentro de la sociedad civil).
La
nueva constitución debe representar la visión común de los chilenos
sobre nuestro país y su futuro, para lo cual debe: (i) entregar el
diseño esencial de los órganos del Estado, con separación de poderes y
funciones; (ii) contemplar un sistema de “pesos y contrapesos” entre los
distintos órganos del Estado, regulando relaciones entre ellos y con la
sociedad civil; y (iii) establecer un catálogo de derechos y garantías
ciudadanas, que sirvan de límite al poder estatal (derechos
individuales) o bien que permitan tener una sociedad justa y con
igualdad de oportunidades (derechos sociales). Con ello, la Constitución
pasa a ser la base fundamental de nuestro sistema político, jurídico,
económico y social.
Varias
personas, a mi juicio de manera precipitada, ya tienen una decisión
tomada con respecto a si votar “a favor” o “en contra” en el plebiscito
del 17 de diciembre. Mi invitación es a que, primero, analicemos la
propuesta que saldrá del Consejo Constitucional tomando en cuenta sus
distintas dimensiones y funciones, con independencia de la tendencia
política de las personas que la estarán escribiendo y de la persona que
debe promulgar la eventual nueva constitución.
Para
ello, mi esperanza es que, a diferencia de lo ocurrido en el proceso
anterior, el Consejo realice un buen diagnóstico de nuestros problemas,
de manera tal de enfrentarlos con recetas adecuadas, que logren resolver
-y no profundizar- la crisis política que nos ha tocado vivir durante
los últimos años.
Para
ello, la Constitución debe dar una buena forma de distribuir y
organizar el poder, fortaleciendo los acuerdos y estableciendo las bases
de un sistema electoral más representativo y con legitimidad
democrática, donde los partidos políticos tienen un rol fundamental.
Adicionalmente, la constitución debe sentar las bases de nuestro sistema
económico, que aborde los desafíos de futuro que enfrenta el país,
asegurando la promoción de la iniciativa privada, pero sin dejar de lado
el rol que debe tener el Estado. Por último, en lo social, la
constitución debe promover, en forma progresiva y con responsabilidad
fiscal, una serie de derechos sociales, cuyo desarrollo corresponde a la
ley y cuya finalidad es que los habitantes de nuestra República puedan
desarrollar sus proyectos de vida, con independencia del lugar donde les
tocó nacer.