Durante
esta semana, se llevó a cabo un gran operativo antidrogas contra
integrantes del “Tren de Aragua”, el cual culminó con la detención de 11
sujetos extranjeros: 8 venezolanos, 2 colombianos y un dominicano. Tras
el allanamiento de 10 domicilios, se logró la incautación de más de 150
kilos de drogas de diferentes tipos. Lo sorprendente de este caso es
que también se confiscaron dos buses interprovinciales pertenecientes a
la organización delictiva, los cuales se utilizaban para transportar
drogas y migrantes en situación irregular. De esta manera, la
organización delictiva no solo se dedicaba al tráfico de drogas, sino
que también había incursionado en el tráfico de migrantes utilizando los
ingresos obtenidos.
Por
otra parte, la semana anterior se llevó a cabo otro operativo policial
en Calama, donde se logró la detención de 8 individuos dedicados
simultáneamente al tráfico de drogas y al contrabando de cigarrillos.
Durante este operativo se confiscaron 51 kilos de droga y 84 mil
cajetillas de cigarrillos.
Estos
procedimientos demuestran el crecimiento de las organizaciones
criminales en nuestro país, las cuales diversifican sus actividades
delictivas. Al igual que cualquier empresa, aprovechan las economías de
escala generadas por sus actividades delictivas. De esta manera, al
basar su negocio en la comercialización y transporte de productos
prohibidos, aprovechan esta actividad para también comerciar cigarrillos
de contrabando o para llevar a cabo el tráfico de migrantes. Incluso
han adquirido microbuses de alto valor económico para estos fines.
El
desarrollo de las organizaciones criminales requiere que las
instituciones estatales utilicen todas las herramientas disponibles para
combatir esta nueva forma de criminalidad, la cual es más sofisticada y
cuenta con mayores recursos y organización. Desde esta perspectiva,
cabe destacar las nuevas normativas aprobadas recientemente para
combatir el narcotráfico (ya convertida en ley) y el crimen organizado
(actualmente en revisión en el Tribunal Constitucional). La primera
establece un régimen más sencillo para el decomiso de las ganancias de
las organizaciones criminales, incluso sin necesidad de una condena, y
obliga a diversos agentes económicos, como las automotoras, a reportar
operaciones sospechosas de lavado de activos. Por su parte, la segunda
permitirá una aplicación más efectiva del delito de asociación ilícita
en un mayor número de casos, además de autorizar el uso de técnicas
especiales de investigación y agentes encubiertos o informantes en casos
de criminalidad organizada.
Sin
embargo, todas estas nuevas disposiciones requieren que el Ejecutivo
promueva la capacitación de los agentes responsables de su
implementación, especialmente de la policía, los fiscales y los jueces.
Tras completar el proceso legislativo, este requisito fundamental
asegurará que el nuevo marco normativo, creado para combatir estos
delitos y asociaciones criminales, cumpla efectivamente con su objetivo
propuesto. El Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que esta
nueva estructura jurídica no quede en letra muerta. No es un desafío
menor.