Lamentablemente en la última
cuenta presidencial del segundo gobierno de Michelle Bachelet, los muchos
logros detallados en materia de educación no consideran ni siquiera en una
línea a aquellos niños y adolescentes que no están en el sistema.
Y eso que son casi 80 mil los
excluidos. Tienen 14 años en promedio, y son desechados del sistema por las
consecuencias que produce en ellos nacer y crecer en pobreza: padecen graves
problemas familiares y/o de aprendizaje, no se ajustan al sistema, hacen ruido,
molestan, estorban. Y, sobre todo, no marchan, no votan ni tienen un movimiento
social detrás que los respalde.
Como Hogar de Cristo hemos
señalado que en los últimos años la glosa del presupuesto de educación dedicada
a los establecimientos de reinserción, donde se busca integrar a estos niños y
jóvenes desechados y lograr que terminen cuarto medio y se formen
profesionalmente, ha disminuido a razón de mil millones de pesos por año desde
2015. Eso, en beneficio de dos promesas de mejora en educación: la gratuidad y
la ley de estatuto docente. “Esas promesas, aun cuando legitimas, están
quitándole presupuesto a muchos programas sociales, como son las escuelas de
reinserción escolar”, sostiene Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del
Hogar de Cristo.
Resulta desalentador que en la
lista de beneficiados con iniciativas tan positivas como “la creación de
más jardines y salas cuna, el aumento de
las remuneraciones de los docentes del sector municipal en más de un 30% como
promedio, la revalorización de la
educación pública, con un extenso plan de infraestructura que hasta ahora ha
beneficiado a 2 mil 86 establecimientos públicos del país”, los definitivamente
excluidos brillen por su ausencia.
“La pobreza se asume como un tema
superado en estos anuncios. La vulneración del derecho a la educación de los
niños más pobres y marginados, no parece una preocupación de los políticos”,
insiste en señalar el director ejecutivo del Hogar de Cristo. “La agenda social
está conducida por los movimientos sociales, que defienden derechos legítimos,
pero es necesario priorizar. Y nuestro llamado es a atender a aquellos cuyos
derechos han sido ignorados y debería
ser prioritario ayudarlos”.
Romero comenta además que le
llamó la atención este párrafo del discurso presidencial: “Asumimos la dolorosa
realidad de los niños y niñas en los centros, tanto públicos como privados, que
atienden a los niños al cuidado del SENAME, con un plan de respuesta inmediata
para mejorar las condiciones de infraestructura y atención”.
“¿De qué plan de respuesta
inmediata se trata? Es necesario profundizar en esa frase, precisar de qué se
trata, porque son casi 10 mil niños, los que están hoy en centros residenciales
de protección por orden de los tribunales de familia, separados de sus padres o
tutores, dadas las graves vulneraciones a sus derechos que padecen. Ahí también
hay un grupo que no marcha, que no sabe si esa ‘respuesta inmediata de mejora’
es un decir o una realidad concreta”, finalizó diciendo Juan Cristóbal
Romero.