Nos
guste o no, a las autoridades debemos respetarlas. Eso no excluye que
debamos hacer el trabajo de interpelarlas, exigirles que cumplan su
función por lo que fueron electos y que trabajen para cumplir con sus
programas de gobierno.
Pese
a esta base cívica, el respeto es algo que no conoce el Frente Amplio
(FA) y tampoco la ya olvidada lista del pueblo. Es un hecho que tras los
acontecimientos del estallido social y las decisiones tomadas para
manejarlo, estos forzaron la autoridad del presidente Sebastián Piñera
de manera agresiva e insistente, mediante acusaciones y presiones
parlamentarias para retirarlo de sus responsabilidades.
Puede
que esta irreverencia estuviera algo justificada, dado a que estas
mismas autoridades al poder faltaron en reciprocidad con la ciudadanía,
convirtiendo en permanente la política de lo absurdo y lo irresponsable
que gatilló el estallido social.
Se
reclamaban tras una década de fricción social, materias en educación y
salud, pensiones dignas en una reforma que las regule, entre otras
necesidades. Y la respuesta del gobierno fue ignorarlos. Tampoco los
parlamentarios le dieron prioridad y ningún sector político lo tomó en
consideración. Se avivó la ignominia con comentarios desubicados y
medidas centradas en la monetización, desconociendo la realidad con la
que vive la ciudadanía. Una fórmula perfecta para el desastre.
Aquí
entra Gabriel Boric y el FA, quienes aprovecharon el vacío dejado por
los políticos para asumir estas problemáticas. Esta administración toma
el testimonio y dirige el proceso de renovación de esos 30 años, dejar
atrás los arreglos de cuatro paredes y dar soluciones a esas demandas.
Sin
embargo, primero fracasó con la propuesta de nueva constitución
entregada por la Asamblea constituyente en septiembre del año pasado.
Luego no ha conseguido combatir la desigualdad, que es lo que pedía el
estallido social y que encarnó la lista del pueblo; tampoco, reducir esa
brecha.
Este
gobierno no ha presentado iniciativas políticas para afrontar estos
problemas, dependía por diseño de programación de algo que era imposible
obtener, la reforma tributaria y la aprobación de un proyecto de
constitución favorable a sus iniciativas. Es claro que un gobierno debe
tener más alternativas que sólo eso para hacer factible sus ideas.
En
cuanto al establecimiento de nuevos derechos, estos se han ido
conquistando con tiras y aflojas de los distintos grupos sociales, pese a
que se han concebido en forma intransigente entre los más cercanos al
gobierno. Es cierto que hay otros grupos que requieren derechos que no
son tomados en cuenta, que necesitan urgentes transformaciones y
reformas políticas, los que tampoco se han determinado porque no tienen
el quórum, ni tienen la iniciativa política y el apoyo suficiente.
Mientras, el gobierno se escuda en esto para justificar su falta de
iniciativa.
Sumemos
los proyectos de disminución del precio de vivienda y la creación de
260 mil habitaciones dignas, otro caballito de batalla de su plan que
sigue pendiente. Proyectos que no brillan y se desconoce su desenlace.
Lo que es peor, en materia del cuidado del medio ambiente este permanece
relativo ya que se sigue contaminando, y es imposible evitar las
discusiones por los distintos enfoques de la política al respecto.
En
el fondo, muchos de estos elementos que fueron incorporados por el FA a
raíz de lo que planteó el estallido social no se han cumplido, algunos
otros a medias, y otros francamente no se pueden cumplir.
Por
lo tanto, un gobierno que iba a tomar en cuenta todos estos puntos, que
no han podido tener la iniciativa y que quiso arrogarse la
representación del sentimiento reformista y ocuparlo electoralmente,
está en deuda. Tarde o temprano van a tener que dar explicaciones del
por qué no fue capaz de llevar a cabo estas reformas.
Pueden
echarle la culpa a la minoría parlamentaria, culpar a otros aspectos
políticos, pero no puede no responsabilizarse por su propia ineficacia,
una realidad inminente y tangible. Y los de la lista del pueblo, los que
generaron el estallido, tampoco se enfrentaron con seriedad a la nueva
carta magna pensando en todos los chilenos, y por ello aún estamos en una discusión por una nueva constitución gracias a su comportamiento.
Será
necesario perderles el respeto a estas nuevas autoridades para que haya
algún cambio en el sistema, o seguiremos interpelándolos hasta que
consigan los medios para lograrlo.