En
realidad el tiempo no borra, ubica, y al parecer esto le ha sucedido al
Gobierno que ha informado que extenderá -vía decreto presidencial- el
proceso de traspaso del servicio educacional, en dos años, el cual
originalmente debía concluir el 2025. O sea, la retirada es prudente,
una forma elegante y con estilo de reconocer un fracaso.
La
nueva Educación Pública (NEP) es el sistema público de educación
creado el 2017, que transfiere la función de educar desde los
municipios y corporaciones, que hasta aquí funcionan como sostenedores, a
los Servicios Locales de Educación (SLEP).
Cada
SLEP agrupa por territorios a diversas comunas, proceso que ha sufrido
no sólo retrasos, sino que fracasos, hasta la fecha ya se han creado
11 servicios, con 43 municipios traspasados, con magros resultados,
innumerables conflictos, que han contribuido a una mayor segregación y
dispersión. O sea, todo aquello que se quería evitar con la madre de
las reformas.
Este
calendario inicial establecía la creación de 12 nuevos SLEP en 2023, 18
en 2024 y 23 en 2025. En cambio, de concretarse el anuncio ministerial
ahora se implementarán entre 10 a 11 SLEP por año, para culminar el
2027. Se ha dicho que de esta forma, se busca tener más tiempo para
implementar los procesos administrativos, financieros y de gestión que
precisa este cambio en el sistema educacional. En realidad, no es
prudencia sino que insuficiencia de caja y la intención positiva de
traspasar la responsabilidad a un próximo Gobierno, mientras los
municipios deberán continuar sumando deudas, compromisos y un sistema
que ya se ha hecho insostenible para la comunidad que mayoritariamente
privilegia el mundo particular subvencionado. Un sistema público que
concentra poco más de un tercio de estudiantes a nivel nacional es un
fracaso total, más vale asumirlo y no postergar sus perniciosas
consecuencias.
La
prórroga obliga a los diversos estamentos a actuar en consecuencia en
el resguardo de sus derechos, actualizar las mesas técnicas, cobrar las
deudas pendientes y agotar todos los medios a su alcance para la
protección y defensa de sus derechos adquiridos. A nivel regional, nos
deja un Servicio Local, de papel, decorativo, que deambula sin recursos
ni una agenda clara de lo que se pretende, en una región que aún
concentra el mayor porcentaje de matrícula en el sector público,
sobretodo en la comuna de Puerto Natales.
La
retirada es una decisión política que requiere de mayores
explicaciones, no basta con frases altisonantes en defensa de la
educación pública mientras ésta se desmorona. Implementar un repliege
importa abordar sus consecuencias, al menos disminuir las bajas y el
desorden de la tropa. Esto obliga a superar el sistema de
financiamiento que trascienda al traspaso, poner término a la subvención
a la educación y garantizar el financiamiento público, la educación no
puede quedar expuesta a los vaivenes de la asistencia y a las
variaciones de la subvención que como instrumento de fomento es
formidable para estimular la creación y mantención de establecimientos
educacionales, pero insuficiente para garantizar el ejercicio de un
derecho fundamental.
En
este contexto, resulta comprensible la premura de los alcaldes por un
pronto traspaso, pero su fundamentación es pobrísima, sin propuestas,
carente de fundamentación jurídica, no dan cuenta de la historia de la
educación pública, y de sus propias responsabilidades en el fracaso de
la administración municipal que ha transcurrido en democracia, y que por
tanto es de su absoluta responsabilidad. En este escenario el caos
será inevitable y con seguridad el 2027 viviremos una nueva retirada, y
un próximo Gobierno, muy probablemente, implementará una nueva
prórroga, generando en los hechos un nuevo sistema de administración que
se prolongará por más de una década.